Gobierno Central, señales positivas en un contexto complicado

Se ha cumplido el primer año de la victoria electoral del actual presidente Nayib Bukele, que marco un momento histórico al terminar con la alternancia en el poder de los dos partidos políticos mayoritarios y antagonistas ideológicos del conflicto y postconflicto armado, Alianza Republicana Nacionalista, “ARENA”, partido de visión neoliberal, y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional “FMLN”, de doctrina socialista, partidos que desde la firma de los Acuerdos de Paz polarizaron al país entre derecha e izquierda.

Aproximadamente, 1.4 millones de votantes le apostaron a sus promesas de campaña y mantienen unas altas expectativas hacia la figura del presidente Bukele.

Es así como en estos casi nueve meses que lleva este gobierno, aun cuando queda mucho por hacer en los diferentes ámbitos, ya se notan ciertos logros en seguridad pública, salud, en materia laboral, en el clima para hacer negocios y la mejora de la economía a nivel general, ya que después que las condiciones para hacer negocios en El Salvador se venían  deteriorando, de acuerdo al informe Doing Business 2019 del Banco Mundial que reveló que el país retrocedió en el primer semestre de ese mismo año en todos los indicadores evaluados y fue el país que más posiciones cayó a nivel centroamericano, hay  empresas de Qatar, Arabia Saudita, Corea del Sur y Estados Unidos que han enviado comitivas al país para explorar la factibilidad de concretar negocios en materia de infraestructura con el gobierno central, y en otras áreas o polos de desarrollo en la Unión y Acajutla, con el objeto de abrir oportunidades de trabajo digno para la gente que habita en esos lugares. Sin desmerecer la firma de los convenios de cooperación con China, Japón y Qatar, que pueden resultar igual de importantes, toda vez éstos conlleven a beneficios hacia la población. En concordancia a la política nacional de emprendimiento para la micro y pequeña empresa impulsada por el gobierno, como un instrumento dinamizador en estos sectores que tradicionalmente han estado excluidos de toda política pública, y que son la mayor fuente de generación de empleo en el país.

En el contexto político, habría que señalar que el presidente Bukele mantiene un alto índice de aprobación de su gestión y ha acrecentado su capital político, que le sirve para potenciar al nuevo instituto político “Nuevas Ideas”, de cara al 2021, y para seguir mermando la imagen de los partidos ARENA y FMLN, el primero, un partido desorganizado y ausente como oposición real; y el segundo, un partido decaído, limitado y sin capacidad de propuesta. Los que parecen no comprender su nuevo rol como partidos políticos de oposición, lo que no significa oponerse a todo o aprobar todo lo que llega al Congreso, ya que ante esta nueva realidad no han sabido recomponerse ni adaptarse a las nuevas demandas de sus militantes, llegando incluso hacer una oposición poco inteligente, apática y poco constructiva. Caso contrario ha pasado con el partido GANA, y una parte de PCN, que han sabido articularse no solo para tratar de generarle la gobernabilidad que el presidente Bukele necesita, apoyando las iniciativas del Ejecutivo que llegan al Congreso, sino también siendo interlocutores en dos crisis coyunturales para el gobierno, la crisis del desabastecimiento y mala calidad del agua potable, que se generó en el mes de enero en el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), y por los cuales fueron interpelados en la Asamblea Legislativa la ministra de Salud y el titular de ANDA, y la polémica convocatoria a una sesión extraordinaria del Consejo de Ministros a la Asamblea Legislativa para discutir la aprobación de un préstamo de US$109 millones destinados para seguridad, a la cual existieron diputados de GANA, del PCN y algunos de ARENA, el pasado domingo 9 de febrero de 2020, y que algunos sectores la tipificaron como un exceso en el protocolo de seguridad del presidente, otros, como una usurpación a las atribuciones del Parlamento, y para muchos una expresión de poder y control político de parte del presidente, en el marco de un año preelectoral que se tornará intenso, dramático, hostil e impetuoso, por lo que el Tribunal Supremo Electoral y la Fiscalía General de la República deberán estar atentos para conservar la armonía social, la sensatez, el respecto a la institucionalidad y la tolerancia hacia el adversario, como la única vía democrática de acceder al poder u optar a cualquier cargo de elección popular.