• Diario Digital | viernes, 25 de septiembre de 2020
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Geotermia, historia de una privatización encubierta

Geotermia, historia de una privatización encubierta

Han pasado 20 años del último intento que se llevó a cabo en el marco de las privatizaciones que dieron en el país en la década de los 90s. En esa década se vendieron cuatro ingenios azucareros, las instalaciones para producir depósitos de etanol en Acajutla, los bancos nacionales, la Compañía de Telecomunicaciones de El Salvador por un valor de 575 millones de dólares, antes llamada Antel, y otros diversos activos que eran propiedad del Estado.

Por fuertes presiones del Fondo Monetario Internacional para el sector energético se siguió otra estrategia, se creó la Ley General de Electricidad en el año 1996, que dio lugar a una nueva reestructuración del sector eléctrico, pasando del monopolio público que se tenía en la generación, transmisión y distribución, a una eventual etapa de privatización como doctrina económica de ese entonces, lo cual significaría que el Estado se desligaría del control del sector y de la propiedad de los recursos y le entregaría el total poder de decisión y propiedad a entes privados; permitiendo a éstos fijar a su conveniencia las tarifas que se aplican a los usuarios.

En ese contexto se vendieron las plantas de la generación térmica de la CEL, y cuatro empresas de distribución de electricidad por un valor total de 586 millones de dólares. El camino estaba allanado para la privatización de la generación hidroeléctrica y la geotérmica, sin embargo no fue posible llevarla a cabo en lo inmediato, debido al impedimento que suponía la ley de régimen de la tenencia de la tierra para el recurso hídrico, y porque para el caso de los ausoles o manantiales termales estos no pueden ser transferidos a un privado, por ser el subsuelo parte de la soberanía del territorio salvadoreño. No obstante, la historia no concluiría allí y la intencionalidad se pone de manifiesto cuando en el año 1999, tras la reestructuración de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), surge según lo establecido por el Artículo 119 de la Ley General de Electricidad, la Geotérmica Salvadoreña S.A. de C.V, conocida como Gesal. Una división de CEL que daría continuidad al desarrollo y explotación de los recursos geotérmicos del país, aprovechando el calor de la superficie en forma de calor ligado a los volcanes, tecnología e ingeniería de plantas de la más alta calidad que el país desarrollo por cuenta propia en la década de los 60´s, cuando CEL visionariamente decide iniciar en forma sistemática y con la asistencia de las Naciones Unidas, la evaluación de los recursos geotérmicos en todo el país, dando como resultado de este programa que se completa en el año 1970, la identificación de las zonas geotérmicas de mayor importancia en El Salvador, la confirmación de la existencia de altas temperaturas aptas para generación eléctrica en Ahuachapán (incluyendo la zona de Cuyanausul y Tortuguero), Berlín, San Vicente y Chinameca, la preparación de personal técnico nacional, el montaje de sus primeros laboratorio de investigación geocientífica, y la culminación exitosa de la puesta en operación de la primera unidad geotérmica de Ahuachapán en el año 1975, primera en su género en América Central y la octava en el mundo. Subsecuentemente vinieron la instalación de las 2a y 3a unidades de Ahuachapán, perforaciones adicionales exitosas en Berlín y la instalación de las primeras unidades generadoras, que completan los 204 Megavatios instalados en el sistema del país. Convirtiéndose en una realidad que por propósitos de consumarse la privatización, en los gobiernos del partido ARENA, no solo se negaba y minimizaba, sino también se confabuló paralelamente una campaña mediática a favor de los intereses de la empresa italiana Enel Green Power, comandada por el protagonismo de los medios escritos tradicionales, un medio digital, generadores de opinión, columnistas y analistas alineados a la causa, personeros de FUSADES y miembros del partido ARENA.

Asimismo, se denunciaron presuntas extralimitaciones jurídicas y se invadió atribuciones de la Asamblea Legislativa.  

Enel Green Power, empresa propiedad del Estado Italiano, llega al país después de ganar una licitación internacional en abril del año 2002, donde se convirtió en el nuevo socio estratégico, como lo llamaba el expresidente de CEL del periodo del año 1999- 2004.

Resultando de esa alianza, la empresa mixta LaGeo S.A de C.V.

Allí mismo se dijo, que el objetivo de traer al socio estratégico sería para contribuir con GESAL en transferirle tecnología y experiencia en geotermia basada en los más de 100 años de trayectoria del socio internacional, y se afirmó, además, que la inversión del grupo italiano se efectuaría bajo la figura de “inversión a riesgo”, mediante la cual los europeos se comprometían a explorar, evaluar y construir áreas geotérmicas y nuevos pozos; y que a cambio de esta operación la empresa italiana recibiría una retribución de acciones o económica de la contraparte  gubernamental. Sin embargo, en la práctica no se dio ni la transferencia de tecnología, ni la expansión de más megavatios, que fue lo que se argumentó, prometió y vendió en el año 2002, sino por el contrario, se pretendió reembolsar dinero de obras ya existentes en la generadora, capitalización de pérdidas de proyectos ejecutados fuera de El Salvador y financiamiento para compras diversas y para gastos corrientes.

En la parte técnica con la participación de ENEL, se hicieron inversiones millonarias en el área vecina de Ahuachapán, Cuyanausul, y nueva de San Vicente, que tenían excelentes perspectivas de explotación, y se fracasó.

La capacidad instalada de Ahuachapán está sub-utilizada y no se pudo inyectar a la red el incremento que debería ser. En Berlín, que ya estaba identificado el potencial para un inmediato desarrollo en el año 2007, se instaló una planta Italiana que al poco tiempo de estar en operación presento fallas de origen, poniendo en riesgo las instalaciones y la seguridad del personal de la planta, situación que provocó una disputa entre los miembros de la empresa italiana y el presidente de CEL de ese entones, Nicolás Salume, de grata recordación, quien respaldado por organizaciones sociales, sectores políticos, empresariales y profesionales, hizo fuertes denuncias sobre las anomalías que estaban ocurriendo en relación a un Acuerdo de Accionistas que se había firmado entre las partes, que se desconocía, y que dejaba en clara ventaja a Enel Green Power. En aquel momento, Salume unilateralmente rompió el contrato. La vicepresidenta de la República, Ana Vilma de Escobar, denunció la decisión de Salume aduciendo que iba a poner en mal predicado al país en cuanto a seguridad jurídica para los inversionistas, a esta voz se sumaron también FUSADES y algunas gremiales empresariales.

La discordia provocó que en el año 2008 la transnacional extranjera y la Comisión Ejecutiva del Rio Lempa CEL (a través de inversiones Energéticas), se fueran a un litigio internacional en la Cámara Internacional del Comercio (ICC, por sus siglas en inglés) que se resolvió en París, Francia, a favor de los inversionistas italianos en julio de 2011, a raíz de la negativa de la autónoma a capitalizar acciones a favor de la empresa extranjera. No obstante, dada la trascendencia pública del conflicto, para febrero de 2013, la Asamblea Legislativa creó una Comisión Especial para investigar el caso CEL-ENEL. Paralelamente en similares circunstancias, la Fiscalía General de la República también creó otra Comisión Especial para investigar a fondo el contrato entre la Central Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) y la empresa italiana Enel Green Power. En su informe final, la Comisión Especial del parlamento estableció que la junta directiva de la CEL y Lageo y el exministro de Economía,  todos en el período de 1999 – 2004, actuaron de forma negligente y excediendo las atribuciones otorgadas por la Constitución de la República y leyes secundarias, subvaluaron los activos producidos por LaGeo para venderlos a la mitad de la utilidad producida anualmente por la electricidad a base de vapor, para que de esa forma ENEL ganará más acciones y se convirtiera en la propietaria de la generadora estatal. Asimismo, se aseguró que permitir a la italiana ENEL obtener con el paso del tiempo más acciones en la generadora eléctrica LaGeo era una privatización encubierta de un recurso estratégico del Estado. Por parte del Ministerio Público, en noviembre de 2013, acusó penalmente a 21 personas por varios delitos cometidos, entre ellos el peculado, tras detectar irregularidades en el contrato gestado entre la empresa salvadoreña CEL y la italiana ENEL. Que según la Fiscalía General de la República, hicieron perder al Estado salvadoreño más de $2 mil millones. Una vez judicializado el caso en los Juzgados, las etapas del proceso continuaron por casi dos años y medio en los tribunales hasta que en una audiencia especial y sorpresiva para muchos, entre ellos la Iniciativa Social para la Democracia (ISD), en julio de 2015. La FGR desistió de continuar con el juicio y decidió cambiar la tipificación del delito, de peculado doloso a peculado culposo, que permitió que el Tribunal Cuarto de Sentencia declárase exonerados de la persecución penal y civil de los imputados de este escandaloso hecho, porque el nuevo delito, definido a última hora entre las partes, ya había prescrito.

Por fin luego de un largo proceso y varias conversaciones, el cual incluyó la firma de un acuerdo marco en diciembre de 2014 entre la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) y la empresa italiana Enel Green Power, para ponerle fin a otro litigio que Enel había abierto contra el Estado Salvadoreño en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, el Estado Salvadoreño anunció, en el segundo semestre de 2015, la  recuperación, por un monto de US$280 millones, de la tutela accionaria total de Lageo, y con ello la culminación oficial de un largo proceso de un nefasto  precedente para el país, que debe servir para tomar reflexiones, a los funcionarios públicos, no extralimitarse en el complimiento de la Constitución de la República y Leyes secundarias, porque aunque la justicia tarda a veces no olvida, a la Fiscalía General de la República, ser garante de la custodia de los bienes patrimoniales del Estado, como una forma de generar riqueza social, y la sociedad como tal, rechazar  que la corrupción se convierta en una forma de administrar la política y gestionar  los gobiernos.