Durante el mandato del General Maximiliano Hernández Martínez, el partido Pro Patria era un instrumento para legalizar la candidatura del General; patrón de conducta de simular democracia interna, que se sigue a lo largo de nuestra historia. En  1960 cuando se funda la Democracia Cristiana y el Partido de Conciliación Nacional, hasta el golpe de estado por la juventud militar en 1979, se aplica la misma estrategia pero con mayor organización territorial y  sofisticación. La democracia Cristiana trata de utilizar mecanismos y espacios de participación ciudadana en la elección de sus candidatos, pero las condiciones del entorno y su militancia no están aptos para ese paso.

 Al interior de estos partidos que eran los más visibles, la democracia interna consistía en designar candidatos a las alcaldías y diputaciones de acuerdo a las líneas estratégicas de las cúpulas partidarias. El voto a mano alzada o por aclamación en una asamblea general se realizaba por delegados inscritos en las sedes municipales y departamentales, pero con una clara sumisión al albedrio del líder local. 

Estos hechos registrados en los anales periodísticos y en la historia política del país, son el reflejo de la sociedad política actual y a la vez del conglomerado social; porque la democracia no es simplemente una teoría política, sino una forma de vida: La prevalencia del bien común, la dignidad de la persona humana, la perfectibilidad social, la equidad y la justicia pronta, etcétera. 

Ahora en nuestro medio  prevalece la técnica del mercado electoral, orientado al interés personal y de grupo, más  que a soluciones de país.

Los conceptos de la democracia son enunciados y repetido una y mil veces, pero no ejercidos; es más bien una sarta de ficciones engarzadas de tal manera que tratan de confundir y persuadir al elector que la oferta le beneficiaria grandemente; utilizando la psicología y la tecnología comunicacional de forma engañosa.

Con la nueva ley de partidos políticos y sus reformas, la ley es más clara y exige a los partidos políticos igualdad de oportunidades para cualquier correligionario que quiera optar a cargos públicos y establece procesos que deben de cumplirse. 

En este sentido hay un marcado interés de impulsar la designación de candidatos que tengan respaldo popular, no de las cúpulas, con todo lo positivo que esto implicaría para la dañada imagen de los partidos políticos nacionales.

Por tanto los miembros de los partidos políticos al interior de cada uno de ellos, deben exigir el debido proceso que incluye la igualdad de oportunidades para optar a un cargo de elección popular y utilizar las instancias establecidas para denunciar anomalías tanto al interior de los partidos como ante el TSE u otras instancias jurídicas.

Por otro lado la ciudadanía, va poco a poco exigiendo tener mayor control y ejercicio sobre la libertad de sus derechos políticos, tal es el caso de los candidatos no partidarios y la exigencia de no votar por banderas;  donde la cúpula partidaria establece el orden prioritario, recetando por supuesto los lugares más seguros para ellos y sus allegados. 

Es necesario fortalecer los procesos democráticos internos e  impulsar  el  voto  por rostro, tanto en los concejos municipales como en las diputaciones.  Porque da la ciudadanía la oportunidad de elegir directamente a quien él cree le representa. ¿Qué esto puede ser complicado? Es posible, pero el tribunal supremo electoral puede subsanar lo relativo a orientar la forma de votar y  con  la tecnología actual es fácilmente resuelto el proceso de conteo y resultados de forma rápida y trasparente. Definitivamente la ciudadanía tiene el derecho a esta forma de voto directo tal como lo establece la constitución.