Se pretende que el Estado se involucre en la búsqueda de la verdad, reparación de daños y persecución penal a delitos de lesa humanidad.

Si bien no quiso revelar su ubicación, explicó que a más tardar este martes por la tarde estará presentando la pieza de correspondencia para solicitar al Gobierno su aprobación, y con ello se ahorrarían los $32 millones.

Hace algunos días, el ámbito político hizo volver a pensar a la comunidad jurídica salvadoreña a través de las declaraciones del expresidente Mauricio Funes, en las cuales incrimina al exdirector del Instituto Salvadoreño...