Doce de 15 magistrados del pleno de la Corte Suprema de Justicia tomaron la decisión de ordenar un juicio civil por enriquecimiento ilícito contra el exdiputado y exdirigente del PDC, actualmente acusado en el caso de la masacre de los jesuitas de la UCA en 1989.

Al exministro de la Defensa Nacional y de Seguridad Pública le detectaron 12 irregularidades en sus declaraciones de patrimonio, así como un incremento patrimonial que no pudo justificar.

La Fiscalía señala que Romero tuvo ingresos sin justificar por $1,162,388.05. Solicitó a la Asamblea Legislativa que le retire el fuero constitucional al legislador para llevarlo a los tribunales.

Probidad detectó 14 irregularidades en el patrimonio del funcionario en cuanto a depósitos bancarios, pago en efectivo de tarjetas de crédito y pagos en efectivo de préstamos durante dos períodos legislativos, entre 2009 y 2015.

La FGR evidenció contra Linares cinco irregularidades encontradas en depósitos bancarios, compra de inmuebles y pago de tarjetas de crédito que suman US$248,598.49. Mientras que a su hijo le comprobaron tres irregularidades por $20,010.98.

El exministro habría recibido, aparte de su salario y prestaciones, bonificaciones mensuales, navideñas y por labores de inteligencia, justificaciones que no están amparadas por la ley, asegura la Fiscalía.

El exviceministro José Atilio Benítez fue condenado a devolver al Estado $88,000, mientras que su esposa deberá pagar $33,600.

Benito Lara debe devolver $39,253.23. Ana Emilia Zelaya de Lara debe devolver $2,000.00. Mientras que Ileana Briseida Lara Campos tiene que reintegrar $68,302.64.

La Fiscalía solicitará que el exfiscal general, además de reintegrar al Estado el dinero, se le inhabilite por 10 años para el ejercicio de cualquier cargo público.

Nueve irregularidades corresponden a la exdiputada por un monto de $140,521.60. Ocho son de su hija, Ana Virginia Guardado, por $136,960.94.