Carlos Roberto Romero, de 45 años, es acusado de haber cobrado varios depósitos bancarios por la venta de un vehículo que en la realidad no poseía.

Los pandilleros atacaron a la víctima con armas de fuego y machete por el hecho de "trabajar para el gobierno". Su cadáver fue localizado enterrado en una zona boscosa un año después del crimen.