La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebró esta mañana dos audiencias, donde se tocó el tema de las ejecuciones extrajudiciales de las autoridades policiales y sobre el avance tras la derogación de la Ley de Amnistía.

En ambos casos, representantes de la sociedad civil expusieron las denuncias, al igual que los delegados del Estado salvadoreño, que fue encabezado por el viceministro de Seguridad, Raúl López.

Para el caso de las ejecuciones extrajudiciales, los representantes de la sociedad civil representados por el Servicio Social Pasionista (SSP) y el Idhuca denunciaron  que en El Salvador existen ejecuciones extrajudiciales que se reportan como "enfrentamientos armados con pandilleros".

En este sentido, sin detallar de donde toman el dato, estimaron que se reportan 59 muertos en enfrentamientos armados por cada policía o militar muerto. Asimismo, sostuvieron que en medio de la escalada de violencia se están violando derechos humanos en el camino de resolver el problema de seguridad.

Por su parte, el viceministro reiteró que hay un compromiso del Estado salvadoreño con los Derechos Humanos. “Conocemos que atravesamos situación crítica de violencia. Negamos cualquier responsabilidad del Estado salvadoreño en actos ilegales que violenten DDHH de las personas", manifestó el funcionario.

Sin embargo, el comisionado de la CIDH, James Carvallo,  manifestó que si la tasa de muertes es a razón de 59 por uno, no se trata de enfrentamientos. “Es un uso excesivo de la fuerza letal”, replicó.

Por otro lado, se llevó a cabo la audiencia para revisar los avances luego de que la Corte Suprema de Justicia (CJS) derogara la Ley de Amnistía. En este sentido, se dieron a conocer los pocos avances que se han logrado, al tiempo que rindió un informe similar al que presentaron las autoridades salvadoreños a los magistrados de la Sala de lo Constitucional hace unas semanas.

En este sentido, los comisionados resaltaron que este tema está directamente relacionado con el tema de las ejecuciones extrajudiciales y la violencia criminal exacerbada, ya que se debe tomar en cuenta que es una consecuencia de la justifica transicional.

Sin embargo, los comisionados aplaudieron la decisión de derogar la ley pues eso se pone en sIntonía con las directrices de la CIDH.