El Salvador enfrenta el desafío de hacer justicia ante la impunidad que ha prevalecido ante los crímenes cometidos durante la guerra civil (1980-1992), con repercusiones políticas impredecibles, luego de que la Corte Suprema declarara inconstitucional la Ley de Amnistía, opinaron juristas y analistas.

"Esta sentencia tuvo que haber sucedido hace mucho, la Ley de Amnistía ha sido la base de la impunidad en este país y hoy toca recobrar la esperanza de hacer justicia", dijo a la AFP el abogado Benjamín Cuellar, del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA).

En septiembre de 2013, la Sala de lo Constitucional admitió la demanda de inconstitucionalidad contra la ley, entre cuyos demandantes figuró Cuellar.

La noche del miércoles, esa sala emitió la sentencia que declaró inconstitucional la Ley de Amnistía por considerarla "contraria al derecho al acceso a la justicia, a la tutela judicial o protección de los derechos fundamentales".

La Ley de Amnistía, aprobada por el Congreso el 20 de marzo de 1993, fue anulada por la "violación" a dos artículos de la Constitución salvadoreña que están relacionados con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y con el Protocolo II de 1977, adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional.

Según la Corte, la amnistía contempla la extinción "en todo caso de la responsabilidad civil", lo que contradice el derecho a la indemnización por daño moral, pues "obstaculiza e impide precisamente una forma de reparación" consignada en la Constitución y el derecho humanitario internacional.

Para el procurador de Derechos Humanos, David Morales, la decisión de la sala de la Corte, "no debe generar ningún miedo, ni tampoco discursos de que habrá cacería de brujas" en el país.

"Esos discursos ya no caben, lo legal es que haya una reparación en justicia a las víctimas", dijo Morales en una rueda de prensa.

- Repercusiones -

Para abogados constitucionalistas, la decisión de la sala constitucional abre la posibilidad para la búsqueda de justicia, y permitirá que algunos políticos afronten demandas ante los tribunales.

"La sala no solo ha declarado una inconstitucionalidad, abre la posibilidad de procesos penales y civiles que sin duda alguna van a afectar en un momento dado a personajes políticos y ese es un costo que no sé si el país esta preparado para soportar", señaló el exmagistrado de la Corte Suprema, Ulises Guzmán.

En su sentencia, la Sala de lo Constitucional estableció que "los crímenes de lesa humanidad son de carácter imprescriptible según el derecho internacional" y por ello no se pueden dictar medidas internas "que impidan la investigación" y la "aplicación de la justicia".

El también abogado y exministro de Justicia, Francisco Bertrand, advirtió que la sentencia podría derivar "en un clima de inestabilidad política".

"No me parece la mejor decisión, no se valoró las repercusiones, podríamos tener una mayor polarización, búsqueda de venganzas políticas", advirtió Bertrand.

En tanto, el analista político Julio Valdivieso señaló que "la Ley de Amnistía posibilitó que muchos pudieran reinsertarse a la sociedad y hoy ¿qué toca?, ¿casos y casos en los tribunales? No me quiero imaginar".

Tras la sentencia, casos emblemáticos de violaciones de derechos humanos cometidos durante la guerra podrían ser indagados en los tribunales, como el asesinato del arzobispo Óscar Arnulfo Romero cometido en marzo de 1980 y la masacre de El Mozote en la que murieron más de 1.000 campesinos en diciembre de 1981.

También el asesinato de seis sacerdotes jesuitas y dos colaboradoras cometido en noviembre de 1989, caso por el cual se encuentran detenidos en el país cuatro militares que son reclamados en extradición por España.

La guerra civil salvadoreña, que concluyó con la firma de acuerdos de paz el 16 de enero de 1992, dejó en 12 años una estela de 75,000 muertos, unos 7,000 desaparecidos y cuantiosas pérdidas a la economía del país.