El juez de segunda instancia encargado de la operación anticorrupción Lava Jato canceló este domingo la orden de liberación del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva expedida sorpresivamente horas antes por un magistrado de guardia de ese mismo tribunal.

"Determino que la autoridad coautora" de la orden y la Policía Federal "se abstengan de practicar cualquier acto que modifique la decisión colegiada" del tribunal, escribió el juez Joao Pedro Gebran Neto. Lula cumple desde abril en Curitiba (sur) una condena de doce años y un mes de cárcel por corrupción pasiva y lavado de dinero.

En un primer momento una corte de apelaciones brasileña ordenó este domingo de forma sorpresiva la liberación del expresidente Luiz Inacio Lula da Silva, encarcelado desde comienzos de abril por corrupción.

La decisión judicial estipula que la liberación debe tener lugar "según el régimen de urgencia, en el día de hoy, mediante la presentación de esta orden a cualquier autoridad presente en la sede de la Superintendencia de la Policía Federal de Curitiba, donde se encuentra el recluso".

Esta decisión fue tomada por uno de los jueces de la TRF4 de Porto Alegre, corte de apelaciones que aumentó de nueve años y seis meses a 12 años y un mes la pena de cárcel para el expresidente (2003-2010), actualmente favorito para las elecciones presidenciales de octubre.

El juez Rogério Favreto decidió aceptar una demanda de Habeas Corpus presentada el viernes por varios diputados del Partido de los Trabajadores (PT, izquierda), fundado por Lula en 1980.

En un comunicado oficial emitido el domingo, el juez anticorrupción Sergio Moro, que condenó a Lula en primera instancia en julio de 2017, afirmó que este magistrado no tiene competencia para ordenar esta liberación.

"¡Lula libre ahora!" se podía leer en la cuenta de Twitter del exmandatario, con un link hacia un artículo de su sitio con el título "El TRF4 determina el fin de la prisión ilegal de Lula".

Lula está preso en una sede policial en Curitiba (sur) acusado de haber recibido un apartamento de parte de la constructora OAS, involucrada en el megaescándalo de sobornos a políticos de Petrobras.

El expresidente, imputado en otros seis casos, niega que ese apartamento sea suyo y considera su condena "sin pruebas" como parte de un complot de las élites para que no pueda volver al poder.

Aunque sea liberado, su candidatura podría ser invalidada por el tribunal electoral.