Estados Unidos ordena a sus embajadas a escala mundial congelar las citas para visas de inmigrante
La política migratoria de los Estados Unidos ha entrado en una fase de endurecimiento institucional sin precedentes. El Departamento de Estado de Estados Unidos ordenó la suspensión indefinida y global de todas las citas para entrevistas de visas de inmigrante en sus embajadas y consulados. La medida, oficializada esta semana, paraliza los trámites de miles de solicitantes que aspiran a la residencia permanente o Green Card.
El argumento de la Casa Blanca es la necesidad de impartir una capacitación intensiva y obligatoria a sus oficiales consulares. El objetivo explícito es adiestrar al personal para aplicar con mayor rigor las evaluaciones de "carga pública", bloqueando a cualquier aspirante sospechoso de requerir asistencia social en el futuro.
Bajo estas nuevas directrices de la administración de Donald Trump, los cónsules han recibido instrucciones precisas de adoptar un perfil marcadamente inquisitivo durante las entrevistas. Las autoridades estadounidenses buscan que el escrutinio de los antecedentes financieros, educativos, de salud y familiares sea exhaustivo, lo que podría prolongar significativamente la duración de cada entrevista presencial.
Aunque esta pausa técnica no afecta de forma directa a las visas de no inmigrante (como turismo o negocios), el embudo administrativo amenaza con colapsar los tiempos de espera globales. Además, se suma a un patrón sistémico donde las tasas de rechazo para visados temporales se han disparado, evidenciando que la estrategia del Ejecutivo ya no solo persigue contener la migración irregular en las fronteras, sino restringir de manera generalizada las vías legales de ingreso al país.
Esta política de exclusión se manifiesta con igual fuerza en la anulación sistemática de los procesos de asilo y el desmantelamiento de los programas humanitarios. La ofensiva administrativa contempla planes inmediatos para la revocación masiva de visas a extranjeros que ingresaron con permisos de turistas, cerrando cualquier resquicio de regularización.
Por otra parte, para el interés de decenas de miles de salvadoreños acogidos al Estatus de Protección (TPS), el golpe más severo de esta agenda restrictiva tiene una fecha fatal en el horizonte cercano: el próximo 9 de septiembre de 2026.
Para esa fecha está programado el vencimiento definitivo del TPS para El Salvador, una protección humanitaria que ha amparado a la comunidad salvadoreña desde los terremotos del año 2001.
El Servicio de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos (USCIS) ya notificó formalmente a los empleadores que las autorizaciones laborales asociadas al programa caducarán de forma improrrogable ese día.
Los salvadoreños concentran el mayor número de beneficiarios del TPS a nivel global, con más de 170,000 personas que han radicado, fundado empresas y procreado familias en suelo estadounidense durante un cuarto de siglo. A menos de dos semanas del límite, la Casa Blanca mantiene silencio, sumiendo a una población masiva en una absoluta incertidumbre legal y bajo la amenaza inminente de quedar expuestos a órdenes de deportación.
