El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) anunció este viernes 12 de diciembre el fin de los programas humanitarios de reunificación familiar (Family Reunification Parole, FRP) para ciudadanos de El Salvador, Guatemala, Honduras, Cuba, Haití, Colombia y Ecuador, así como para sus familiares inmediatos.

La medida afecta a miles de migrantes que estaban amparados bajo estos esquemas y obliga a abandonar el país a quienes no logren regularizar su situación antes de la fecha límite, a mediados de enero.

Según la notificación federal, la decisión responde a la preocupación por “abusos de estas protecciones” y por la existencia de brechas en los controles de seguridad, que permitieron que personas sin la verificación adecuada obtuvieran ingreso y permiso de residencia temporal alternativo.

El comunicado del DHS afirma que los programas se estaban utilizando para “eludir el proceso tradicional” de inmigración y advierte que, a partir de ahora, las solicitudes de reunificación familiar solo se estudiarán “caso por caso”, como prevé la ley estadounidense.

“El deseo de reunir familias no puede estar por encima de la responsabilidad del gobierno de prevenir el fraude y salvaguardar la seguridad nacional”, señala la declaración oficial.

Las autoridades subrayaron que la prioridad será la seguridad pública y el bienestar económico de los estadounidenses y aseguraron que los programas mostraban “lagunas de seguridad causadas por una verificación insuficiente” que "agentes maliciosos" podían explotar para ingresar al país.

El nuevo criterio fue publicado este viernes en el Registro Federal, donde se detallan los plazos para el cese de los programas y las condiciones de salida voluntaria. Para quienes ya están en Estados Unidos bajo el FRP, la autorización quedará revocada el 14 de enero próximo a menos que hayan presentado una solicitud de residencia permanente antes del 15 de diciembre de 2025, la cual siga pendiente en enero de 2026. Si la solicitud es rechazada, el periodo de beneficio terminará y el migrante deberá abandonar el país de inmediato.

La suspensión implica la anulación de la autorización de empleo a aquellas personas cuya estadía estaba justificada por el FRP. El DHS notificará de forma individual a cada beneficiario afectado sobre la revocación de su estatus y de sus permisos laborales. El comunicado aclara que solo quienes logren ajustar su situación migratoria a otra vía legal podrán permanecer una vez expirados los beneficios actuales.

Aquellos migrantes que no dispongan de ninguna base legal para seguir en Estados Unidos después de la finalización del programa, deberán salir antes de la fecha de vencimiento.

Las autoridades estadounidenses recomiendan a los afectados reportar su salida a través de la aplicación CBP Home. El gobierno anunció que ofrecerá incentivos, como asistencia financiera, ayuda con documentación de viaje y exención de ciertas multas civiles para quienes acaten la orden de salida antes del vencimiento.

El programa FRP había sido implementado por varios gobiernos estadounidenses como respuesta a crisis humanitarias y situaciones de riesgo en países de América Latina y el Caribe.

Actualmente, había sido utilizado en casos de miles de personas que intentaban reunirse con familiares en Estados Unidos mientras se tramitaba su permiso de residencia o refugio. El fin de esta protección marca un endurecimiento en la política migratoria y una estrategia centrada en el regreso a procesos de admisión individuales, una demanda de sectores más restrictivos que advirtieron sobre posibles abusos y fraudes.

Portavoces del DHS subrayaron que, con esta medida, el departamento recupera la capacidad de revisar cada caso de manera particular, como lo establece el mandato del Congreso. No se detalló cuántas personas serán afectadas por la eliminación de los programas y cuántos de los beneficiarios actuales cumplen con requisitos alternativos para regularizar su situación.