• Diario Digital | jueves, 28 de marzo de 2024
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Internacionales - Nuevo caso de fraude

Dos exfuncionarios de alto rango detenidos en Guatemala por corrupción

Ambos estarían involucrados en la suscripción de forma anómala de cinco contratos de arrendamiento de vehículos asignados al Ministerio del Interior entre 2014 y 2015.

Manfredo Pacheco, Walter Vásquez
Dos exfuncionarios de alto rango detenidos en Guatemala por corrupción

Autoridades guatemaltecas arrestaron este lunes al exviceministro del Interior Manfredo Pacheco y al exdirector de la policía Walter Vásquez, señalados de cometer fraude en la contratación de vehículos blindados por unos 4.2 millones de dólares, informó la Fiscalía.

Julia Barrera, portavoz de la Fiscalía, dijo a periodistas que ambos "estarían involucrados en la suscripción de forma anómala de cinco contratos de arrendamiento" de los vehículos que estaban asignados al Ministerio del Interior entre 2014 y 2015.

El caso involucró al extitular de ese ministerio, Mauricio López Bonilla, quien se encuentra en prisión desde junio del año pasado por varios cargos de corrupción, entre ellos el regalo de un helicóptero al también detenido expresidente Otto Pérez (2012-2015), supuestamente adquirido fondos ilícitos.

López Bonilla "cometió un acto ilegal al aprobar por medio de resoluciones ministeriales, los términos de referencia de contratación, ofertas y los cinco contratos administrativos de arrendamiento", señaló la portavoz.

Barrera no dio mayores detalles del nuevo caso de estafa, investigado junto con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un ente adscrito a la ONU que ha sido clave para destapar varios escándalos de corrupción.

La investigación se suma a otros presuntos actos ilegales cometidos durante el gobierno de Pérez, quien podría enfrentar juicio por su participación como cabecilla de una red que cobraba sobornos a empresarios para evadir impuestos aduaneros revelada en abril de 2015.

Pérez y su exvicepresidenta Roxana Baldetti, también en prisión, renunciaron en 2015 en medio de una crisis política y protestas callejeras de indignación.

La fiscalía y la Cicig también los han señalado de aprobar un contrato portuario mediante el cobro de sobornos y conformar una estructura que blanqueó fondos de campaña y recursos provenientes de contratos púbicos, entre otras acusaciones.

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