Numerosos agentes estatales y directivos de la empresa Desarrollos Energéticos (DESA) participaron en el asesinato de la ambientalista hondureña Berta Cáceres por oponerse a la construcción de una hidroeléctrica, acusaron este martes cinco expertos que investigaron el crimen.

El Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE), integrado en noviembre del 2016 por cinco personas, dio a conocer en rueda de prensa un informe de 92 páginas, según el cual, el asesinato de la ambientalista, "respondió, como mínimo, a un plan concebido".

El grupo estuvo integrado por Dan Saxon (estadounidense de la universidad de Leiden), Roxanna Altholz (estadounidense de la Universidad de California), Miguel Ángel Urbina (profesor de la Universidad de San Carlos de Guatemala) y los abogados colombianos Jorge Molano y Liliana Uribe Tirado.

Cáceres, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), fue asesinada en marzo de 2016 por pistoleros que entraron a su casa en la comunidad de La Esperanza (oeste), donde además hirieron al activista mexicano Gustavo Castro.

Ocho personas están detenidas acusadas de ser autores materiales del asesinato, pero la dirigencia del Copinh y la familia de Cáceres exigen llegar a los autores intelectuales.

Ante sus reclamos, el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) conformaron el grupo de expertos.

"La prueba existente es concluyente respecto de la participación de numerosos agentes estatales (policías, militares y funcionarios), altos directivos y empleados de DESA en la planeación, ejecución y encubrimiento del asesinato" de Cáceres y tentativa de asesinato de Castro, estableció el informe denominado 'Represa de la violencia'.

El reporte también sostiene que el Ministerio Público "ha establecido que la planeación, ejecución y encubrimiento del asesinato (...) inició en noviembre de 2015" y que esto coincide con movilizaciones de las comunidades indígenas y del Copinh, en oposición al proyecto Agua Zarca para construir una represa en el río Gualcarque, en territorio de indígenas lenca.