Por buscar incrementar su patrimonio, Carmen R. depositó su confianza en dos abogados y notarios, identificados como Celia N. y Alberto G., quienes le propusieron un negocio en el que ganaría altos intereses a cambio de permitirles poner a trabajar su patrimonio. Así, Celia recibió por parte de la afectada $6,857 en septiembre de 2002 y a cambio de ello el segundo le entregó una falsa escritura pública de garantía hipotecaria de un terreno en Suchitoto, Cuscatlán, como respaldo de la deuda.

El fin de Carmen, quien conoció a Celia por medio de los suegros de uno de sus hijos, fue prestar el dinero para poder ganar intereses al 2% cada mes, trabajo que haría Celia debido a que realizaba este tipo de negocios: prestar e incrementar las ganancias de la gente que confiaba en ella con los intereses “mejores” que los de la banca comercial.

El delito por el que los abogados fueron acusados en dos juzgados (en Santa Tecla, La Libertad, y San Salvador)  esestafa agravada y falsedad material y el caso inició cuando la supuesta víctima dejó de recibir mensualmente en un banco los $274 que habían acordado en calidad de abono más intereses.

La víctima empezó a recibir su dinero con intereses desde 2002, pero en julio de 2006 no recibió ningún depósito por parte de Celia. Cuando la afectada le llamaba a su teléfono celular o la llegaba a visitar a su oficina de Santa Tecla, la imputada no le pagaba y le daba una serie de mentiras.

Además, Carmen se dio cuenta de que el mutuo hipotecario que había sido otorgado a su favor había sido brindado de forma irregular, debido a que ese instrumento que garantizaría su dinero no había sido registrado como tal por Alberto. Es decir, el abogado no escrituró el documento público en su protocolo.

Ante esto, la afectada interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) el 25 de enero de 2008, al ver que el terreno que había servido como garantía era inexistente, tal como comprobó la institución pública, según indica el expediente judicial.

Otras víctimas de Celia

Carmen no fue la única que resultó afectada por confiar en Celia. Dos personas más, madre e hijo identificados solo como Luis E. y Berta M. viuda de E., también sufrieron la misma estafa.

El primero entregó a la mujer $4,500 para que le generara intereses y como garantía hipotecaria recibió una escritura de una casa ubicada en Ciudad Merliot. Durante cinco meses, Celia le entregó a Luis los $90 acordados como pago, pero luego no recibió nada.

Por su parte, Berta vendió un terreno en la Barra de Santiago, del municipio de Jujutla, Ahuachapán, mismo que recibió como herencia cuando su esposo falleció. Ella se desempeñó hace 20 años como secretaria en el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) hasta que murió su pareja sentimental.

La sentencia que los dejó libres

En noviembre de 2009, las tres víctimas pensaron que el caso iba a ser resuelto a su favor, luego de que tras denunciar en la FGR llegara hasta un Tribunal de Sentencia de Santa Tecla.

Luego de la vista pública, el juez a cargo decidió absolver a Celia y a Carlos del delito de la estafa agravada, por lo que la FGR y los querellantes presentaron un recurso de apelación el 26 de enero de 2010.

La Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) conoció el caso y en mayo de 2013 anuló la sentencia absolutoria emitida en Santa Tecla. Además, ordenó que el caso fuera trasladado hacia el Tribunal 3° de Sentencia de San Salvador en ese mismo año.

Con ello se estableció que en noviembre de 2013 se desarrollaría la audiencia, pero Celia y Carlos no se presentaron a ella, por lo que se les declaró como imputados rebeldes y se ordenó la captura de ambos.

Tras cuatro años de estar prófuga, Celia fue detenida el 6 de junio de 2017, mientras se desconoce el paradero del otro abogado implicado.

El 31 de enero de 2018 está pautado el desarrollo de la audiencia para conocer el fallo del caso y conocer así si esta vez las tres víctimas lograrán recuperar el monto económico que fue estafado desde hace años atrás por ambos profesionales del Derecho.