“Denme donde vivir y me voy, sino, no me estoy retirando de aquí”, fueron las palabras de un hombre a los representantes de la empresa Sherwin-Williams que pretendían desalojarlos de un terreno del que alegaban ser los dueños. La compañía decidió llevarlos a tribunales donde perdieron el caso tras varios meses de litigios.

Helmo G., de 43 años de edad, y su esposa Iris M., de 32, son una pareja de comerciantes que desde hace unos años residen en un terreno ubicado sobre el kilómetro 11½  de la carretera Panamericana, a la altura del municipio de Ilopango.

En enero de 2016, los esposos pusieron en alquiler parte del terreno al que llegó José C., para levantar un improvisado taller de mecánica que gracias a su ubicación fue prosperando.

Todo marchaba con normalidad hasta que la representación de Sherwin-Williams, empresa estadounidense especializada en pinturas, reclamó el terreno de Helmo con una serie de documentos de catastro.

Según el expediente judicial, en octubre del 2017, uno de los empledos de la multinacional llegó a pedirle a la pareja y al mecánico que abandonaran el lugar, en ese momento la petición no tuvo mayor eco.

Para febrero de 2018, los apoderados de Sherwin-Williams volvieron a aparecer en el taller, pero esta vez tenían en su poder documentos que supuestamente los acreditaban como los verdaderos dueños del terreno.

Los abogados de Sherwin-Williams hablaron con Helmo, quien se mostró molesto por la impertinencia de sus visitantes y les propuso dejar el lugar a a cambio de un nuevo lugar para mudarse.

La petición del comerciante no cayó en gracia a los letrados quienes le advirtieron que al no tener cómo demostrar que era dueño del terreno lo iban a obligar a irse del lugar.

Posteriormente, la empresa llevó el caso al Jugado de Paz de Ilopango donde Helmo e Iris fueron acusados por el delito de usurpación de inmueble sancionado con pena máxima de tres años de prisión.

Ambos fueron notificados y se presentaron a todas las diligencias judiciales con medidas sustantivas a prisión. Los meses pasaron y con ellas todas las etapas del caso hasta llegar al juicio.

La empresa se mostró complacida y pensó que ganaría el proceso, pero lo que no sabían es que el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador los dejaría en libertad debido a que los registros catastrales presentados por el peritaje no acreditaban el tramo que le pertenecía a la empresa.

Fuentes cercanas al caso explicaron a El Salvador Times que el lote colindaba con la propiedad de la compañía.

El tribunal recomendó a los demandantes que el proceso debía de llegar a manos de un juzgado especializado en materia de lo civil. La empresa no ha revelado su próxima estrategia para recuperar la propiedad.

En tanto los comerciantes podrán seguir viviendo en la zona a la espera de un posible nuevo litigio por la disputa de la propiedad.