Dos mujeres son acusadas de despojar ilegalmente de una propiedad a su abuela de 103 años
El Juzgado Primero de Paz de Santa Ana envió a la etapa de Instrucción un proceso penal contra dos mujeres acusadas de despojar de forma fraudulenta de una propiedad a su abuela de 103 años de edad. Asimismo, el juzgado ordenó la detención provisional de un abogado que habría elaborado documentación falsa a favor de las acusadas.
Los imputados fueron identificados por la oficina de prensa de los Centros Judiciales como Victoria Isabel R.C., de 36 años de edad; Ana Silvia R., de L., de 44 años; y Hugo Ernesto G.L., de 43.
Las hermanas están acusadas por la Fiscalía General de la República (FGR) de falsedad material en grado de coautoría. Mientras que al abogado se le imputa el delito de falsedad documental agravada en modalidad de falsedad material.
Los hechos se habrían cometido en perjuicio de Ricarda C., de 103 años de edad.
El proceso penal se originó a partir de una denuncia interpuesta el 31 de enero de 2025 por Víctor C., quien manifestó que su bisabuela tenía la intención de donarle a él y a una tía un inmueble ubicado en el distrito de Coatepeque. No obstante, al realizar verificaciones en el Centro Nacional de Registro (CNR), se constató que la víctima había sido despojada del inmueble sin su consentimiento.
Según las investigaciones iniciales, el 2 de abril de 2022 se habría elaborado una escritura de compraventa ante los oficios notariales del imputado Hugo Ernesto G. L., mediante la cual, supuestamente, la víctima vendía el inmueble a favor de su nieta Victoria Isabel R. C.
En dicho instrumento se consignó que Ricarda C. estampó la huella dactilar de su pulgar derecho por no saber firmar y que su otra nieta, Ana Silvia R. de L., firmó a ruego de la presunta otorgante.
Posteriormente, el documento fue presentado al Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de la Primera Sección de Occidente, en Santa Ana, el 13 de julio de 2022, por el imputado Hugo Ernesto G. L.
La escritura fue sometida a diversos peritajes técnicos, los cuales concluyeron que la impresión digital atribuida a la víctima no le corresponde. Asimismo, se determinó que las firmas de los tres imputados sí fueron elaboradas por ellos en el documento mediante el cual se simuló la venta del inmueble.
Debido a la avanzada edad de la víctima, el Instituto de Medicina Legal (IML) le practicó una evaluación integral, a través de médico forense y psicóloga forense, quienes establecieron que no presenta ninguna enfermedad psíquica ni mental y que se encuentra en adecuado estado cognitivo. Además, durante el peritaje psicológico, Ricarda C. manifestó de forma clara que nunca ha vendido ni entregado el inmueble a su nieta.
