El Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador ordenó la detención preventiva para cinco personas acusadas de la tragedia que ocurrió en el estadio Cuscatlán el 20 de mayo de 2023, cuando una estampida humana en uno de los accesos al sector de Sol General causó la muerte de nueve personas y decenas de lesionados, debido al cierre de la entrada. El juzgado trasladó el proceso a la etapa de Instrucción y otorgó a la Fiscalía General de la República seis meses para recabar pruebas que evidencien el delito de "infracción de reglas de seguridad" en modalidad agravada contra los acusados.

Los imputados Pedro Hernández, presidente de Alianza; Edwin Abarca, gerente de seguridad de Alianza; Zoila Córdova, gerente financiera de Alianza; Reynaldo Avelar, gerente general de EDESSA; y Samuel García, encargado de las llaves del estadio, habían sido absueltos por el Juzgado Primero de Paz de San Salvador de una primera acusación de la Fiscalía por los delitos de homicidio culposo, lesiones culposas y estragos.

Los señalados pudieron conciliar con las víctimas de lesiones y con familiares de las víctimas mortales y se comprometieron a cumplir requerimientos de seguridad para las instalaciones del estadio para evitar que se repitan las condiciones que llevaron a la tragedia del estadio Cuscatlán. Con ello, el tribunal los liberó de cargos. Sin embargo, la Fiscalía instruyó a las autoridades policiales la recaptura de los imputados y los acusó de agrupaciones ilícitas.

Bajo ese nuevo cargo, los cinco acusados fueron presentados el lunes 19 de junio al Juzgado Cuarto de Paz. En la audiencia inicial, el juzgado cambió el delito de agrupaciones ilícitas por el de "infracción de reglas de seguridad", establecido en el artículo 267 del Código Penal. 

Ese delito responsabiliza penalmente a quien infrinja reglas de seguridad establecidas para la conservación, acondicionamiento o mantenimiento de edificios y que esa inobservancia de las reglas de seguridad pueda ocasionar "resultados catastróficos" o ponga en peligro "la vida, la integridad o la salud de las personas". Este delito es excarcelable ya que su pena de prisión es de uno a tres años y de 30 a 50 días multa.

Sin embargo, la modalidad agravada de este delito, establecida en el artículo 268 del Código Penal, por la cual la Fiscalía acusa a los señalados, establece una pena de prisión de cuatro a ocho años cuando la infracción de reglas de seguridad recaiga en un "edificio, local público o medio de transporte colectivo, cuando en los mismos hubiere una concurrencia numerosa de personas".

Con la nueva acusación, la Fiscalía ahora tiene seis meses para recabar la pruebas, mientras que los acusados se mantendrán en prisión prosivional.