El exministro de Defensa, el general en retiro David Munguía Payés, ha sido enviado a arresto domiciliario y deberá pegar una fianza de $10 mil, según lo determinó el Juzgado Especializado de Instrucción A.

Munguía Payés fue capturado y señalado por los delitos de agrupaciones ilícitas, actos arbitrarios e incumplimiento de deberes, que habrían sido cometidos durante la tregua entre pandillas.

De acuerdo con Fiscalía, al exministro se le ha otorgado el arresto domiciliar por cuestiones de salud y por tratarse de una persona de la tercera edad, en el marco de la pandemia del coronavirus.

“La jueza ha determinado, no por cuestiones de pruebas, sino por cuestiones de humanidad, porque la Sala de lo Constitucional ha emitido una resolución de que los jueces hagan las valoraciones por la situación actual del Covid-19 por la salud de las personas”, indicó un representante del ministerio público.

Payés es una persona de 70 años y las autoridades dijeron que hay un dictamen del Instituto de Medicina Legal (IML) en donde se determina que tiene enfermedades que lo hacen vulnerable al Covid-19.

“En el dictamen está establecido en primer lugar que el imputado es una persona de la tercera edad, en segundo tiene enfermedades que le hacen propenso a contraer la pandemia (el virus)”.

Por lo anterior es que el también exministro de Seguridad Pública y Justicia deberá ser enviado a casa mientras continúa el proceso, además del pago de una fianza de $10 mil.   

Munguía Payés no podrá salir del país ni tener contacto con personas que sean catalogados como testigos u otro tipo de pruebas de caso en el que está acusado, junto con el expresidente de la República, Mauricio Funes.

El defensor de exfuncionario dijo que hoy mismo van a depositar la caución económica que la jueza impuso.

“En estos momentos se depositará en el Ministerio de Hacienda en (la sección) de fondos ajenos en custodia para que inmediatamente pueda gozar por la libertad”, dijo el juez.

La Fiscalía señala a Munguía Payés de ser el impulsor de la tregua con la que el Gobierno de Funes concedió privilegios a los pandilleros en los penales a cambio de bajar los índices de criminalidad.