La Fiscalía señala al exministro de la Defensa Nacional, David Munguía Payés, como el responsable de modificar contratos y reducir tiempos de garantía de productos a favor de la empresa Centrum, de Gustavo López Davidson, en el caso de la permuta de armas que terminó con pérdidas para el Estado.

El ministerio público presentará el requerimiento esta tarde en los Juzgados y señala dentro de la trama criminal a Payés, López Davidson, al general Atilio Benítez y los civiles Héctor Abel Herrera Mejía y Manuel de Jesús Romero.

Un representante de la Dirección de Intereses del Estado de la Fiscalía explicó el papel que jugó cada uno de los involucrados y cómo el Estado terminó haciendo una permuta lesiva para sus intereses, avalada por las autoridades de ese entonces.

El caso tiene raíces en 2011 cuando David Munguía Payés, en ese entonces titular de la Defensa Nacional, pidió una evaluación de unas armas que tenía la institución con la intención de separar las que estaban funcionando y las obsoletas o que no servían para poder permutarlas (las inservibles o dañadas).

En el informe terminado se estableció que una porción de las armas se podía permutar y otras no, por lo que en el año 2013, y con Atilio Benítez al mando del ministerio, se inicia el proceso de permuta de las armas obsoleta o dañadas.

El presentante de la Dirección de Intereses del Estado explicó que para participar en la permuta se giró la invitación a seis empresas y que fue es ahí donde se da “el primer acto criminal”.

“De las seis empresas hay una persona que es el imputado Héctor Abel Herrera quien se muestra representante de cinco empresas y hay una empresa que tiene otro representante, desde ahí comenzamos a ver al acto criminal con una sola persona de representante de cinco empresas”.

Benítez formó la comisión de permuta y se nombró al general Rafael Melara Rivera como presidente de esta, en ese momento Héctor Herrera comunicó que él ya no será representante de las cinco empresas, sino solo de una e informó del nombre de los demás representantes.

“¿Qué sucedió? Todos los representantes de las otras empresas, hemos descubierto, son empleados de la empresa Centrum, cuyo representante legal es López Davidson. Esas acciones fueron del total conocimiento del general Atiio Benítez”, expuso la FGR.

El Ministerio de Defensa dio a conocer que dos empresas ganaron la permuta y una de ellas era Centrum, pero con el proceso iniciado y con montos pactados en poco más de $2 millones, la otra empresa dimitió dejando el camino libre a la compañía de expresidente de ARENA.

“En ese momento se genera una nota por parte Rafael Melara Rivera en el cual le expresa al general Atilio Benítez que no debe seguir con la permuta y que se debe volver a llamar a invitación a todas las empresas, esa nota fue obviada por el general Atilio Benítez y se perfecciona el contrato”.

El trato era que el ministerio entregaba 14 mil armas (obsoletas o dañadas) y la empresa daba dos obuses nuevos (piezas de artillería para lanzamiento de cohetes) provenientes de Israel que irían para la artillería de Defensa, llevando la firma de Atilio Benítez y de López Davidson.

En ese momento Munguía Payés fue nombrado nuevamente como ministro de Defensa y al mes modificó el acuerdo, a pesar de que en el mismo había una clausula que no lo permitía, todo a petición de Centrum.

“Modificó una de las clausuras principales que era la garantía del cumplimiento del contrato, el contrato tenía vigencia por 24 meses y la garantía era de 36 meses, pues hace la modificación y lo pone a 24 meses cuando el contrato decía que solo podría haber modificaciones justificadas”.

La Fiscalía expuso que Munguía Payes modificó el acuerdo legal porque Centrum le envió una carta en la que se comprometía a traer los obuses en 24 meses, esto a pesar de que el director de políticas de defensa advirtió que no se aceptara.

“El señor Munguía Payes procede a hacer la modificación y dejó indefenso al Estado en la entrega de los obuses porque no vivieron a los 24 meses y se tuvo que hacer otra prórroga para alargar el contrato y por ende favorecer a la empresa”.

La FGR expuso que hubo una segunda modificación al contrato, siempre a petición de Héctor Herrera, donde se establecía que los lanzacohetes iban a ser repotenciados (usados, pero revisados por especialistas para mantener su vigencia y efectividad) cuando en el contrato original se estableció que tenían que ser nuevos.

“Esa situación la obvia el imputado Munguía Payes para favorecer a la empresa Centrum, se perfecciona y se suscribe ante la presencia del señor López Davidson”, apuntó.

Se permutaron armas nuevas

En el informe de evaluación de las armas, antes de la permuta se estableció que una porción de estas no iba a entrar en el intercambio porque estaban en buen estado, pero esto se modificó y al final varias armas nuevas fueron entregadas a Centrum.

“Se modificó el contrato y se incluyen 2,441 armas nuevas que nunca estuvieron en las negociaciones y que el informe recomendaba que esas armas no tenían que ser permutadas, se incluyeron en el contrato y ahora Fiscalía las tiene incautadas”, dijo el fiscal.

Antes de completar el trato, el Ministerio de Defensa mandó a Israel a dos personas para ver cómo funcionaban los cañones lanzacohetes, pero al regresar estos dijeron que no los habían probado todavía.

“Dijeron que lo que se dio en Israel fue la visualización en un polígono de una empresa en la cual solo pudieron apreciar que estaban los obuses, no vieron el funcionamiento de esos. Eso estaba en el contrato como una de las obligaciones de Centrum”.

Los cañones llegaron al país y fue tarea del coronel Manuel de Jesús Romero, administrador del contrato, la recepción provisional de los mismos. El Ministerio tuvo que revisar el estado de estos, pero Romero no lo hizo.

“Es más, meses después, estando él en el comando de Artillería en el que se genera la recepción definitiva de los obuses sin haberlos probado, sin haber visto si estaban completos, por lo cual nunca se pudieron hacer las pruebas necesarias”, describió el ministerio público.

Falsearon documentos

La Dirección de Intereses del Estado señaló que el presidente de la comisión de permuta, Rafael Melara Rivera, emitió una nota en la que se recomendaba no recibir los cañones, pero Munguía Payes la cambió.

“El general Munguía Payes establece en la parte superior de la nota ‘haga nueva recomendación’ y hace una rúbrica, por lo cual le ordena al general Melara que haga una nueva nota y vuelve a realizar la misma nota, con el mismo número de oficio, en donde se le cambió ‘si acéptese los obuses repotenciados’ generándose el delito de falsedad documental agravada”.

De acuerdo con la Fiscalía no fueron los únicos documentos que se falsearon, ya que Munguía Payes modificó las fechas de entrega porque los cañones no habían venido el país debido a que el viaje desde Israel se había retrasado.

“Los 24 meses del contrato terminaron y Centrum pidió una prórroga de tres meses, el ministro autoriza ese período, pero luego lo cambia.

“Munguía Payés genera una nota y autoriza los tres meses de prórroga, pero inmediatamente descubrimos que existe otro oficio suscrito por el exministro en donde hay un manchón y le pone 10 meses, misma fecha, mismo oficio, generándose dos documentos en las mismas condiciones”.

Por todo lo anterior, la fiscalía acusa a los implicados por los diferentes delitos:

1) Atilio Benítez: peculado en calidad de autor director.

2) David Munguía Payes: actos arbitrarios, peculado y falsedad documental.

3) Rafael Melara Rivera:  falsedad documental agravada y peculado en calidad de cómplice.

4) Manuel de Jesús Romero: complicidad necesaria en peculado.

5) Gustavo López Davidson: peculado bajo la complicidad necesaria.

6) Héctor Abel Herrera: complicidad necesaria en peculado.