• Diario Digital | lunes, 18 de marzo de 2024
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Judiciales - Relatora de la institución

CIDH reclama a El Salvador revisar condenas de 27 mujeres por aborto

Para la relatora de la CIDH, muchas mujeres que sufren complicaciones obstétricas o abortos espontáneos "son condenadas por homicidio agravado", todo con base en la sospecha "de haberse inducido un aborto y en posible violación de su derecho al debido proceso".

Mujeres marchan aborto
Mujeres marchan aborto.
CIDH reclama a El Salvador revisar condenas de 27 mujeres por aborto

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exhortó este lunes a El Salvador a "revisar" las condenas de 27 mujeres encarceladas por haber abortado. 

La organización humanitaria llamó al gobierno salvadoreño a aplicar "una moratoria" a la drástica ley que penaliza la interrupción voluntaria del embarazo.

La relatora de la CIDH para los Derechos de las Mujeres, Margarette May Macaulay, señaló en un informe que es necesario "revisar detenidamente las condenas" de cada una de las 27 mujeres encarceladas por aborto, algunas con penas de hasta 30 años.

La revisión debería hacerse con "miras de asegurar el juicio justo y libre de estereotipos a cada una de las mujeres" y que "de probarse lo contrario, a poner en libertad a estas mujeres", indicó Macaulay en las conclusiones de su visita de noviembre pasado a El Salvador.

Para la relatora de la CIDH, muchas mujeres que sufren complicaciones obstétricas o abortos espontáneos "son condenadas por homicidio agravado", todo con base en la sospecha "de haberse inducido un aborto y en posible violación de su derecho al debido proceso".

Macaulay exhortó además a El Salvador a emprender una moratoria "a la aplicación del artículo 133 del Código Penal", el cual castiga el aborto con entre 2 y 8 años de cárcel.

Sin embargo, fiscales y jueces tipifican los casos de aborto o incluso la pérdida del bebé como "homicidio agravado", un delito penado con 30 a 50 años de prisión.

En diciembre pasado, un tribunal confirmó la condena de 30 años de prisión a la salvadoreña Teodora Vásquez por el delito de homicidio agravado, pese a que organizaciones prodefensa del derecho al aborto aseguran que la mujer sufrió un parto intempestivo.

Desde octubre de 2016, el Congreso de El Salvador estudia una propuesta para despenalizar el aborto en casos de violación, cuando se ponga en riesgo la vida de la madre o por inviabilidad de sobrevivencia del feto.

La iniciativa se encuentra estancada por la inmediata reacción de los partidos conservadores y de organizaciones civiles antiaborto.

Pese a ello, la relatora de la CIDH instó a El Salvador a "adoptar legislación dirigida a garantizar a las mujeres el ejercicio efectivo de sus derechos sexuales y reproductivos".

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