Cuatro hombres fueron condenados por cobrar proyectos de ejecución municipales los cuales, según la Fiscalía, nunca se realizaron en El Congo, Santa Ana.

Según fuentes judiciales, los hechos por los cuales fueron procesados los sujetos ocurrieron en 2012 cuando cobraron -no fueron detallados los montos- a la alcaldía por obras que nunca ejecutaron valiéndose de documentos falsos.

El caso fue a parar al Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Ana, cuyo juez condenó a los sujetos por negociaciones ilícitas y falsedad ideológica en perjuicio de la administración pública y de la fe pública, los cuales están sancionados en los artículos 328 y 384 del Código Penal.

Sin embargo, los sujetos se sometieron a un procedimiento abreviado en el que confesaron haber participado en los delitos a cambio de recibir una pena mínima.

En ese sentido, Pedro Luis H., de 42 años, fue condenado a un año y cuatro meses de cárcel por negociaciones ilícitas; no obstante, la pena le fue reemplazada por 64 jornadas semanales de utilidad pública.

Mientras que por falsedad ideológica fue sentenciado a un año y ocho meses de cárcel, las cuales también le fueron reemplazados por 80 jornadas semanales de trabajo de utilidad pública y el pago de una multa de $2,548.04 en concepto de responsabilidad civil.

Por su parte, Juan José S., de 59 años, lo condenaron a un año con seis meses de prisión por negociaciones ilícitas, que le fueron reemplazadas por 72 jornadas semanales de trabajo de utilidad pública y 72 jornadas más por falsedad ideológica.

El hombre fue multado con $1,750, sin embargo como el pago ya se había hecho fue absuelto en la misma sentencia.

El tercer procesado fue Juan Carlos M., de 40 años, cuya pena de un año con cuatro meses de cárcel por negociaciones ilícitas le fue sustituida por 64 jornadas semanales de trabajos de utilidad pública.

Mientras que falsedad ideológica tendrá que realizar 64 jornadas y deberá cancelar una multa de $5,620.82.

Por último, José Rodolfo H., de 46 años, tendrá que realizar 144 jornadas de trabajo de utilidad pública por negociaciones ilícitas y el pago de $2,504.23.