Condenan a 75 años de cárcel al asesino de una lideresa comunitaria de Santa Isabel Ishuatán

El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de Santa Ana condenó a 75 años de prisión a un hombre por el asesinato de una lideresa comunitaria del distrito de Santa Isabel Ishuatán, departamento de Sonsonate, ocurrido en marzo de 2024.

El condenado fue identificado como Edwin Antonio Cáceres Ramírez, quien fue declarado culpable de los delitos de feminicidio agravado, por el que fue condenado a 50 años de prisión, y desaparición de personas, por el que recibió otra condena de 25 años, en perjuicio de Rosa Elvira Flores Martínez, quien era miembro de la Asociación Movimiento Salvadoreño de Mujeres (MSM).

La Fiscalía General de la República (FGR) estableció en sus investigaciones que Cáceres Ramírez tuvo "una relación sentimental" con la víctima. Asimismo, para cometer el crimen, el condenado habría obtenido ayuda de otras personas que en su momento fueron capturadas y procesadas penalmente.

Según las investigaciones de la FGR, Flores Martínez le comunicó a Cáceres, el martes 19 de marzo de 2024, que ella viajaría desde Santa Isabel Ishuatán hasta el centro de San Julián, Sonsonate, para retirar una remesa de $2,500 que le había enviado uno de sus hijos que vive en Estados Unidos.

Flores Martínez, tras la comunicación, pidió un taxi para llevarle algunas cosas a su madre a San Julián. Al salir de retirar la remesa, se reunió con Cáceres, quien entonces la asesinó y dejó su cuerpo oculto en el cantón Los Lagartos, de San Julián. El hombre huyó del país por un punto ciego, para lo que recibió apoyo de otras tres personas.

Por otra parte, un hombre más confesó haber ayudado a Cáceres en el asesinato de Flores Martínez. Este sujeto fue identificado como Walter Daniel Melara y según las autoridades fue el principal cómplice que tuvo Cáceres.

"Cuando el principal cómplice, Walter Daniel Melara, fue intervenido por nuestros agentes, admitió que él era el encargado de deshacerse del teléfono de la víctima 'porque tenía clavo'”", aseguraron las autoridades en su momento. De hecho, Melara al ser capturado tenía en su poder el teléfono celular de Flores Martínez.

En abril de 2024, el proceso penal pasó a la fase de Instrucción contra todos los sospechosos: Cáceres, Melara y los otros tres, identificados como Lizeth del Carmen Hernández Coreto, Karla Esmeralda Siguach García y Daniel Adonay García Mauricio, quienes fueron acusados de encubrimiento. Ellos tres, indicaron las autoridades, colaboraron con Cáceres para pasarlo por un punto ciego fronterizo hacia Guatemala.

El cuerpo de Flores Martínez fue encontrado hasta el 27 de marzo en un cañal de San Julián. Luego de los exámenes de Medicina Legal, se ratificó que Flores Martínez falleció de forma violenta a causa de un golpe en la cabeza. En el proceso penal se determinó que Cáceres le quitó el teléfono celular a la mujer y se lo entregó a una tercera persona (Melara) para que se deshiciera de él y también le quitó el dinero de la remesa. 

"Los demás imputados movilizaron a Cáceres a través de un punto ciego en la frontera para que pudiera huir de los hechos", indicó la FGR en su momento.

Además de la condena de 75 años, Cáceres fue condenado civilmente. Por ambos delitos se impusieron las penas máximas previstas en la ley, al establecerse que el condenado se aprovechó de una relación de confianza y de la condición de vulnerabilidad de la víctima para cometer los hechos, indicó la oficina de prensa de los Centros Judiciales.

Como parte de las medidas de reparación integral, el juzgado ordenó que los familiares de la víctima reciban acompañamiento psicológico.

En el caso de los tres acusados que ayudaron a Cáceres a huir del país, en una audiencia especial previa celebrada en el Juzgado Especializado de Instrucción para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de Santa Ana, y a petición de la FGR, se les otorgó la suspensión condicional del procedimiento por un año, período durante el cual deberán cumplir reglas de conducta bajo supervisión judicial. Sobre Melara las autoridades no se pronunciaron.