Cuando el reloj marcaba las 4:30 de la tarde del 12 de octubre de 2016, Alberto (nombre cambiado por seguridad) se conducía junto a un acompañante a bordo de su vehículo sobre la calle Gabriela Mistral, en San Salvador. Mientras conducía, logró observar que cuatro jóvenes golpeaban a otro con patadas y puños.

El hombre, quien se convirtió en testigo clave en el hecho, decidió retornar para auxiliar a la víctima. Lo que no sabía era que el joven también estaba apuñalado y esto lo ratificó al ver un charco de sangre en el suelo.

“Bato, ¿me podés llevar al hospital?”, fueron las palabras que el joven herido le dijo al acompañante de Alberto. Ellos respondieron con un “sí”.

Al ponerse de pie para ingresar al vehículo, el joven expulsó una gran cantidad de sangre que provenía de su estómago. Esto dejó impresionado a Alberto, según lo relató ante el juez del Tribunal 3° de Sentencia, que instaló un proceso judicial por el delito de homicidio agravado debido a que detuvieron a los responsables del asesinato.

El joven perdió la vida en el interior del vehículo, justo en la entrada de emergencias del hospital nacional Rosales, tras haber recibido nueve puñaladas hechas con cuchillo.

“Avisamos a unos médicos que llevábamos a una persona herida y que necesitábamos ayuda, pero un doctor nos dijo que ya no había nada qué hacer al verificar sus signos vitales”, contó Alberto ante el juez.

Estudiantes del colegio Spencer

Un grupo de agentes de la Unidad de Emergencias del 911 de la Policía Nacional Civil (PNC) fue alertado sobre el ataque cometido por los cuatro jóvenes, por lo que implementaron un operativo basado en los registros de las cámaras de video vigilancia, en donde se plasmó que los sujetos habían corrido hacia la zona de la 25 avenida Norte y luego abordaron un bus del transporte público de la ruta 11, con rumbo hacia San Marcos.

Los policías lograron obtener las placas del bus en donde trataban de huir los jóvenes, por lo que lo interceptaron sobre la 3° calle Poniente y lo detuvieron. Luego de un registro, bajaron a los cuatro implicados en el caso.

Los agentes policiales se enteraron que tres de ellos eran menores de edad y otro más, identificado como Kevin Alexander Rivas, es mayor de edad. Los cuatro eran estudiantes del colegio privado Spencer -ubicado en la misma calle donde se cometió el crimen- y dos de ellos portaban los cuchillos con los que habían atacado a la víctima, quien no fue identificada.

Los rastros de sangre en las armas blancas y en la ropa de algunos de los imputados delataron que cometieron el asesinato.

Los tres jóvenes fueron procesados en abril de este 2017 por el Juzgado Tercero de Menores, que dio un fallo absolutorio debido a que no hubo credibilidad en los testigos que narraron los hechos, como consideró el abogado defensor de estos, Carlos Meléndez.

Mientras que Rivas fue judicializado por el Tribunal 3° de Sentencia, en donde el juez a cargo del caso le impuso una pena de 20 años de prisión. El abogado defensor del joven confirmó tras escuchar la sentencia que apelará el fallo para tratar que su representado recupere la libertad; mientras eso ocurre, seguirá en prisión.