El Juzgado Quinto de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a un empleado de la Dirección General de Centros Penales que exigió dinero a una víctima a cambio de "agilizar la liberación" de un recluso.

El condenado es Carlos Antonio Bonilla Fernández, quien fue declarado culpable del delito de concusión en perjuicio de una víctima que ahora tiene régimen de protección.

La investigación de la Fiscalía detalla que desde el 29 de febrero de 2024, la víctima y Bonilla Fernández se contactaron y que desde ese momento el condenado, a través de mensajes y llamadas de WhatsApp, comenzó a exigir la cantidad de $2,500 para que un reo familiar de la víctima pudiera quedar en libertad.

La Fiscalía aseguró que, como medida de presión, Bonilla Fernández le advirtió a la víctima que de no entregar el dinero trasladarían a su familiar a otro penal "donde le harían daño". El condenado aceptó finalmente un pago inicial de $1,500, acuerdo que quedó evidenciado en las conversaciones de texto de WhatsApp.

La víctima puso la denuncia a las autoridades y el 7 de marzo de 2024, bajo un operativo policial, esta entregó la cantidad de dinero pactada en un supermercado del distrito de Mejicanos, departamento de San Salvador. Tras quedar consumada la transacción, Bonilla Fernández fue interceptado por la Policía y se le decomisó el dinero de la víctima.