Estado salvadoreño recupera $9.6 millones en bienes en el caso de peculado y lavado de dinero del expresidente Antonio Saca
El Juzgado Especializado de Extinción de Dominio resolvió que 25 inmuebles, ocho productos financieros y un vehículo pasen a la administración del Estado salvadoreño como parte de la recuperación de fondos públicos que fueron desviados entre 2004 y 2009 por el expresidente Antonio Saca y sus cómplices, en un caso de peculado y lavado de dinero que significó un desfalco al erario de aproximadamente $301 millones.
El monto en conjunto de los bienes recuperados es de unos $9.6 millones, reportó la Fiscalía General de la República (FGR), que llevó el caso ante el juzgado. Según el informe brindado por los fiscales, los 25 inmuebles tienen un valor de $7,539,533.18 y los productos financieros más el vehículo equivalen a $2,036,947.90.
De acuerdo con las investigaciones de la FGR, Saca y su círculo crearon una estructura que utilizaba siete sociedades fachada para el desvío, ocultamiento y transformación patrimonial de fondos públicos para beneficio propio. Al menos cinco de esas sociedades eran administradas por Carlos Agustín Gamero Quintana.
Dichas sociedades simulaban contratos y operaciones comerciales que eran otorgados por Casa Presidencial para fingir que se trataba de erogación de fondos públicos por servicios. Sin embargo, toda la estructura era una fachada para trasladar dinero de los impuestos de forma directa a estas sociedades, con el fin de que luego estas empresas adquirieran en el mercado inmobiliario los bienes y abrieran cuentas bancarias para que fueran utilizados por el expresidente Saca.
"A través de esas sociedades controladas por el expresidente se adquirieron los inmuebles en su mayoría en zonas exclusivas del área de La Libertad y San Salvador", aseguró la FGR.
El movimiento del dinero se realizó mientras Saca era presidente de la República en el período 2004-2009. Unas sociedades funcionaron como puentes principales para recibir y distribuir los fondos peculados; luego, el dinero fluyó hacia otras tres que sirvieron como fachada y receptoras finales del dinero y bienes.
Según el esquema, los fondos públicos extraídos de Casa Presidencial se distribuyeron en cinco sociedades con los siguientes montos:
Sociedad 1: $2.3 millones y adquisición de cuatro inmuebles
Sociedad 2: $1.8 millones y control de ocho propiedades
Sociedad 3: $1.7 millones y tenía la mayor parte de bienes a su nombre (once bienes)
Sociedad 4: $1.6 millones y un inmueble de alto valor en zona privilegiada
Sociedad 5: $2.9 millones y un inmueble de alto valor.
Las propiedades están ubicadas en Zacatecoluca y El Rosario, en el departamento de La Paz; en Tecoluca, departamento de San Vicente; cuatro en Antiguo Cuscatlán, cinco en Santa Tecla y una en Zaragoza, departamento de La Libertad; y en la colonia San Benito, de San Salvador.
En el fallo emitido por el Juzgado Especializado de Extinción de Dominio también se ordenó la disolución de las sociedades que se utilizaron como fachada para lavar el dinero. Una vez la sentencia quede en firme, todos los bienes pasarán a manos o titularidad del Estado para su administración.
Antonio Saca fue condenado en septiembre de 2018 a 10 años de prisión por peculado y lavado de dinero. Junto a él fueron condenados otros exfuncionarios de su administración que participaron en la estructura de corrupción. Su esposa, Ana Ligia Mixco Sol de Saca, está acusada de lavado de dinero por $17.6 millones y su juicio en el Juzgado Sexto de Sentencia de San Salvador aún no se ha llevado a cabo.
