Desde que fueron detenidos en abril de 2017 por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), William Barrios, de 43 años de edad, y su empleado Alberto Rivas, un joven, ya no pudieron seguir trabajando a lo que se dedicaban formalmente: la conducción de taxis.

Barrios era el propietario de dos vehículos de alquiler, mismos que mantenía en un punto colocado cercano al monumento de la plaza de El Salvador del Mundo, en la capital del país.

Ambos sujetos fueron acusados por un comerciante de la zona antes mencionada ante la Unidad Antiextorsiones de la PNC, tras sufrir de una serie de exigencias monetarias hechas bajo amenazas de atentar en contra de su vida si no las cancelaba.

De acuerdo a la víctima, registrada como “3,338” bajo el régimen de protección en el proceso judicial ejecutado, Barrios y Rivas llegaron a extorsionarlo hasta el sitio en donde comercializa productos vario y le exigieron $50.

Posteriormente, el 7 de diciembre de 2016, ambos sujetos se acercaron a “3,338” para indicarle que el 12 de ese mismo mes debía entregarles $100, “porque ya iba a ser Navidad y ahí iba el aguinaldo”, de lo contrario lo matarían.

Un día después, el afectado decidió interponer la denuncia, por lo que con un operativo de entrega controlada proporcionó los $100 requeridos el 12 de diciembre del año pasado, tal como habían acordado los implicados.

Los días pasaron y exigieron la “cuota normal”, es decir, los $50 que la víctima había estado cancelando meses atrás. Fue entonces que la PNC organizó una segunda entrega controlada el 16 de enero de 2017.

Ambas operaciones realizadas fueron registradas como pruebas en un álbum fotográfico, en donde los sujetos aparecían como quienes recibían el dinero.

La condena

El 15 de mayo de este año, las autoridades fiscales brindaron un informe en donde plasmaron que sí existió una relación telefónica entre los imputados y la víctima, debido a que tras las capturas se les decomisó unos teléfonos celulares y al hacer los registros respectivos reflejan las fecha que coinciden con los días en que se hicieron las entregas controladas.

“El informe indica que sí existieron conversaciones con la víctima, gracias a la bitácora telefónica”, indicó la jueza del Tribunal 4° de Sentencia, quien estaba a cargo del caso.

Luego de individualizar el caso -es decir que Rivas enfrentará una audiencia aparte-, Barrios fue condenado a 10 años de prisión por el delito de extorsión simple.

Minutos antes del fallo, Barrios había declarado que la víctima posiblemente se trataba de un motorista de una unidad del transporte colectivo de la ruta 52, quien le había prestado $400 y con tal de no pagarle lo había denunciado y, por ende, hoy lo habían enviado al Centro Penal La Esperanza.