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Judiciales - Comunicado

Demandan internacionalmente al MARN y a empresa de Salume por contaminación ambiental y daños a la salud

De acuerdo a los demandantes, el botadero de Salume genera por año la cantidad de 10 millones de kilogramos (kg) de gas metano que es contaminante del aire y deteriora la salud de los habitantes de comunidades cercanas.

foto nota de botadero salume
Foto tomada de periódico digital La Noticia SV.
Demandan internacionalmente al MARN y a empresa de Salume por contaminación ambiental y daños a la salud

Ante el reiterado incumplimiento del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) a proteger el medio ambiente, el abogado ambientalista Edgar Lemus comentó a este medio que interpuso una demanda internacional ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), que además incluye a la empresa PULSEM, propiedad de Nicolás Salume y que regenta el botadero municipal del Puerto de La Libertad.

De acuerdo al ambientalista, se vio en la necesidad de acudir a las instancias internacionales para exigir que el MARN cumpla con su deber de garantizar el derecho de las y los salvadoreños a gozar de un medio ambiente saludable, como recientemente ha sido reconocido por la Asamblea General de Naciones Unidas. “Como se ha estado haciendo referencia por el órgano ambiental que quiere demostrar ante Naciones Unidas el cumplimiento de los retos del milenio, que incluye la promoción de un medio ambiente sostenible, la mejor forma es que se auditen los procesos en los que el MARN no está cumpliendo con esa obligación y por el contrario se está premiando a quienes contaminan el país” -agregó.

Favorecimientos ilegales a Salume.

Es de conocimiento público, de acuerdo con los informantes, que el empresario Nicolás Salume apoyó con una donación de US $3 millones de dólares la campaña de la que resultó electo presidente Mauricio Funes. En 2011 Salume asume el control del botadero. En ese mismo año la (entonces) Viceministra del MARN Lina Pohl, prófuga ahora de la justicia, en el Gobierno de Mauricio Funes le otorga un permiso ilegal sin cumplir los requisitos de la ley del medio ambiente como lo es la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental.

Para Lemus, que lleva denunciando la contaminación del botadero del Puerto de La Libertad desde el año 2019, queda claro que el MARN le está dando la espalda a las comunidades próximas al relleno sanitario y en su lugar se ha dedicado a favorecer la empresa de Salume, a la cual en el mes de julio 2022 se ha tenido conocimiento extraoficial que se le ha otorgado un nuevo permiso, de manera que pasa de 42 toneladas, en su origen a 1600 toneladas diarias.

Es preocupante que el MARN haya otorgado el nuevo permiso a la empresa de Salume sin haber realizado un Estudio de Impacto Ambiental para la ampliación y sin consultar a las comunidades vecinas y a todos los afectados, porque una zona protegida que forma parte del Bosque Natural “Deininger” se convertirá en un enorme botadero que va a contaminar toda la zona.” -Comenta el abogado.

Según la información del abogado, en el cao se detalla algunos aspectos que han sido descritos con sus respectivas pruebas en la demanda internacional, entre los que el profesional menciona:

  • En los años 2017 y 2018 se descubre que la empresa de Salume estaba recibiendo entre 180 a 200 toneladas de basura diariamente provenientes del municipio de Santa Tecla, a pesar que solo estaba autorizado para recibir en total 40 toneladas diarias. Por esta acción Salume se embolsó de forma ilegal US $1.6 millones de Dólares.

 

  • Tanto la municipalidad de Santa Tecla, entonces dirigida por Roberto d’Aubuisson y la empresa de Salume han sido condenados por Corte de Cuentas con sumas millonarias por incumplimientos a la ley y al manejo de fondos públicos.

 

  • En 2019, el botadero de Salume es multado por segunda vez por el juez ambiental de Santa Tecla, por recibir basura en exceso de la autorización. En ese momento estaba recibiendo entre 600 y 800 toneladas provenientes de San Salvador, por un acuerdo con el Ex alcalde de San Salvador Ernesto Muyshondt, actualmente en prisión.

 

  • El botadero de La Libertad desobedece la orden judicial que le impedía seguir recibiendo basura en exceso de su permiso, por lo que el juez ambiental certifica a Fiscalía General de la República (FGR) para que proceda contra el Sr. Salume como representante legal de PULSEM por el delito de desobediencia de Particulares.

 

  • La FGR a cargo de Raúl Melara en clara omisión de investigación deja en impunidad el grave delito de contaminación ambiental cometido por la empresa de Salume.

 

  • Desde el 2019, los abogados del Botadero Municipal han realizado maniobras legales para que no se lleve a cabo la audiencia por daños ambientales cometidos por la empresa de Salume.

 

  • El pasado 18 de julio de 2022 fue la última vez que se suspendió la audiencia porque la jueza ambiental fue llamada a una capacitación de última hora en el Concejo Nacional de la Judicatura.

 

De acuerdo al abogado, la demanda ha sido planteada a varios especialistas de Naciones Unidas que evaluarán si el MARN y la empresa de Salume han cometido violaciones a los derechos a la salud, el agua y el medio ambiente saludable.

El riesgo por la contaminación de Gas Metano

Uno de los temas que más preocupa al abogado ambientalista es que desde el 2007 a la fecha se han generado más de 10 millones kg de gas metano por año, como producto de la descomposición de la basura que ha sido enterrada en el botadero de La Libertad; que sin embargo carece de control de los gases emanados, así como el hecho de no contar con un sistema de captación y destrucción del gas. Por tanto el gas metano se escapa a la atmósfera provocando un calentamiento global, lo que también ha sido informado a Naciones Unidas.

Finalmente se  hace notar que el botadero no cuenta con los quemadores para destruir el gas metano que es de vital importancia para ser calificado como relleno sanitario; lo que implica que hay una clara contaminación ambiental. Por tanto, confía que los jueces ambienales están a tiempo de corregir los daños ambientales evitando que el relleno sanitario siga funcionando con un permiso a todas luces ilegal y exigiendo a la empresa de Salume que responda por todo el impacto ambiental negativo ocasionado que asciende aproximadamente a US $15 millones de dólares.

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