En el año 2000, Ulises Flores y su esposa, Delia de Flores, decidieron adquirir una vivienda a través del Fondo Social para la Vivienda (FSV), por lo que tras un préstamo lograron obtener una en la residencial Santa Teresa de la Flores, en Apopa, San Salvador.

Luego de tres años de residir en el lugar, ambos decidieron armar maletas y huir del asecho de las pandillas que operaban en la zona, tras una serie de percances que se presentaron como consecuencia de estos grupos de delincuentes.

En el 2013, Ulises y Delia se separaron, por lo que la mujer tuvo que retornar a la vivienda que adquirieron en Apopa.

Meses después de haber regresado, ella se enteró de que su exesposo entregaría la casa en dación de pago al FSV, por lo que decidió acudir a esa institución para mostrar el interés de quedarse con la vivienda.

En el Fondo Social le informaron que debía esperar a que le llegara por correspondencia la “nota única”, un documento que le da paso precisamente solo a ella a optar por la casa. Y el certificado llegó a la puerta de su residencia entre diciembre de 2013  y enero de 2014.

Delia se presentó a la institución pública con la “nota única” y fue el 17 de febrero de 2014 la fecha pautada para que ella hiciera el pago de $500 en concepto de prima hipotecaria para reservar la casa de Apopa.

Llegó el día establecido y la mujer no se presentó para cancelar el dinero por estar incapacitada, por lo que al llegar de nuevo le advirtieron que tenía 24 horas para sacar de su hogar todas sus cosas y desocuparla.

La preocupación hizo que expusiera al empleado del FSV que no tenía hacia dónde dirigirse, por lo que le dio una prórroga de un mes. Fueron 30 días más que vio como posibilidad de juntar los $500 para poder conservar su domicilio.

El pago de una reserva que nunca fue

Angustiada por no haber podido entregar el dinero en el tiempo que le solicitó el FSV para tramitar el aporte para la prima, Delia llegó a la institución para resolver su situación.

En ese momento, el coordinador de viviendas recuperadas, Gerardo Durán, la atendió y le notificó que había una persona interesada en adquirir la vivienda de la residencial Santa Teresa de la Flores, donde ella habitaba.

Durán inició sus labores en el FSV como coordinador de ventas de 1 de diciembre de 2008 al 31 de octubre de 2013, debido a que el 1 de noviembre de ese mismo año le asignaron el cargo con el que atendió a la ahora víctima.

El sujeto le comentó que debía preparar los $500 de prima y que se los entregara personalmente a él, pese a que el manual de conducta de los empleados del FSV dicta que los empleados no pueden solicitar ningún tipo de cancelación bajo algún concepto, sino que los pagos deben de ser hechos en la caja de cobros.

El 14 de julio de 2014, Delia llegó con $300 en su bolsillo. Durán los recibió y le entregó un recibo que no hacía constar quién tomaba el dinero. A la vez le indicó que le daba ocho días más para que hiciera efectivo el pago de los otros $200, mismos que ella entregó el 31 de julio del mismo año y obtuvo a cambio otro recibo.

“No tiene porque desconfiar”, fueron las palabras que el empleado del Fondo Social le dijo a la mujer al ser cuestionado por el motivo del que los recibos no llevaban nombre ni firma sino que solo sello del departamento al que se presentó.

La sorpresa de Delia fue cuando el 9 de septiembre de 2014 regresó al FSV para saber sobre su proceso y Durán ya no laboraba en la empresa. El 17 de agosto había sido despedido y por ende sus $500 se fueron junto a él.

Una denuncia en el departamento de Auditoría Interna fue colocada por la afectada y fue ahí donde se dio cuenta de que no existía ningún comprobante de que la casa estuviera reservada a su nombre y mucho menos del pago de la supuesta prima que había realizado.

Desde ese entonces, el ahora exempleado de la institución pública ha sido procesado judicialmente por el delito de actos arbitrarios y de concusión, este último se refiere cuando un funcionario público en uso de su cargo, exige o hace pagar a una persona una contribución o un cobro.

El Juzgado 8° de Instrucción decidió imponerle una caución económica a Gerardo Durán de $750 para determinar medidas cautelares distintas a la detención provisional. Por ello, también debe presentarse a firmar cada 20 días en esa instancia y no puede salir del país.

En los próximos días el Tribunal 6° de Sentencia deberá desarrollar la vista pública para determinar si Durán es o no culpable.