• Diario Digital | viernes, 29 de marzo de 2024
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Judiciales - conciliación

Empleados de Alcaldía de San Salvador amenazaron a mujer a la que le habían prestado $400

En un primer momento, los empleados habían sido acusados de extorsión, pero el juez de instrucción decidió cambiar el caso por amenazas. Posteriormente, el juez de Sentencia avaló una conciliación.

alcaldía de san salvador GR Apopa informa de la detención de Rudy Bladimir Argueta y Rafael Armando Silva Méndez, empleados de la Alcaldía de San Salvador, en flagrancia por Extorsión. Al momento de la detención se conducían en un vehiculo de la comuna, el cual se incautó
Foto: FGR
Empleados de Alcaldía de San Salvador amenazaron a mujer a la que le habían prestado $400

Dos empleados de la alcaldía de San Salvador se valieron de la necesidad económica de una mujer a quien tras conseguirle un préstamo terminaron amenazando de muerte. 

Cuando Katerin (nombre modificado por seguridad) fue despedida de su trabajo y se quedó sin dinero para suplir las necesidades de sus hijas buscó ayuda en Rudifram A., un amigo de más de 20 años que trabajaba en la alcaldía de San Salvador, y que le consiguió un préstamo de $400 con Rafael S., un compañero de trabajo que también era usurero.

En septiembre del 2017, Katerin se encontró con Rudifram y entre los temas que hablaron estuvo el de las dificultades económicas que ella atravesaba y para las cuales no encontraba ninguna salida.

Fue en ese momento que el hombre le comentó a su amiga sobre un prestamista que la podía ayudar, no obstante, le advirtió que tendría que pagarle el 20% mensual en interés, algo que la interesada aceptó sin pensarlo.

El acuerdo

Tres días después de la reunión, la víctima recibió el dinero, esto pese a que se negó a firmar un documento en el que detectó irregularidades como la falta de firma y sello de un notario, intereses elevados y sobre todo que el nombre del prestamista era una mujer que, según las explicaciones del hombre, era la esposa de Rafael. 

La insistencia de Rudifram y la necesidad de la misma Katerin la llevaron a cerrar el trato; pero únicamente de manera verbal fijando como plazo el mes de octubre para que la deuda fuera saldada.

Tal como se acordó de palabra, la ofendida pagó el préstamo en octubre; pero para su sorpresa su amigo le notificó que el interés pasó a ser del 40% por lo que la deuda seguía pendiente.

No tener un documento firmado vulneró a la mujer a quien los empleados de la comuna le exigían $600, cantidad que terminó pagando sin saber que este sería el inicio de una extorsión.

Las amenazas

Según el expediente judicial, para enero de 2018, Rudifram se presentó frente a la casa de Katerin y no precisamente para saludarla, ya que se limitó a decirle: “No sabes con quien te estas metiendo y no sabes lo que te puede pasar a vos y a tu familia”.

El acoso de los imputados continuó, la mujer recibió mensajes de texto de Rafael quien con prepotencia le dijo que debía de pagarle $700 de los cuales $200 eran para pagarles a unos pandilleros que la tenían vigilada.

“La verdad es que estoy sin trabajo y estoy viendo como hago para darle el dinero. No tengo ni para la comida”, contestó la angustiada la mujer quien recibió como respuesta: “Esas son cosas que no me interesan”.

La ofendida se armó de valor y acudió a una delegación de la Policía Nacional Civil (PNC) para interponer la denuncia en contra de los hombres que le ordenaron llevar el dinero a la entrada de la octava etapa de Metrocentro.

Según consta en el expediente judicial, Rudifram llegó a recoger el dinero a bordo de un vehículo propiedad de la alcaldía capitalina, policías encubiertos lo capturaron y le decomisaron varios celulares y dinero en efectivo. Horas más tarde fue capturado Rafael.

El hecho fue llevado ante los tribunales, sin embargo, el caso que a criterio de la víctima era de extorsión, pasó a convertirse en amenazas.

Cuando el caso llegó a instrucción la misma Fiscalía General de la República (FGR) solicitó al juez que se cambiara la tipificación del delito de extorsión agravada a amenazas agravadas, ya que había incorporado nuevas pruebas que lo sustentaban. El instructor aprobó el cambio y decretó pasar el caso a Sentencia pero ahora por el caso de amenazas.

El 17 de enero del 2019, el Juzgado Primero de Sentencia de San Salvador desarrolló el juicio donde ambas partes acordaron una conciliación económica que también implica que los imputados no se acercaran a la víctima durante cuatro años.

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