Un hombre y una doctora, el primero dueño de la sociedad de Construcción, Equipos y Servicios CES S.A. de C.V. y la segunda representante legal de la misma, fueron demandados por Israel Alberto Joya, dueño de la empresa ferretera -inscrita en el Centro Nacional de Registros (CNR) como Sociedad Joya Rivera- JORI S.A. de C.V, tras servirle como proveedor de materiales a ambos sujetos y no cancelarle una deuda de $224,512.

Los primeros meses de 2014, Joya pensó que sería un buen año económico para su negocio cuando el egresado en Ingeniería, Máximo Julio César Ramírez, lo convocó a una reunión en la que le propuso iniciar una relación comercial.

A través de la sociedad CES, Ramírez ganó varias licitaciones de diferentes comunas y contrataciones directas en donde se requería ejecutar proyectos de construcción, por lo que buscó en ese momento el suministro de la empresa JORI, ubicada en el municipio de San Martín.

Tras un acuerdo, Joya entregó los primeros materiales a Ramírez, mismos que fueron valorados en $150 mil, cuota que fue cancelada sin demora con el fin de demostrar que eran “buenos clientes”.

Con estos materiales, CES edificó un mercado cerca de la residencial Altavista, de Tonacatepeque. Además, desarrolló otro proyecto en Mejicanos y uno más en una escuela de Santa Tecla, La Libertad.

Meses después, Ramírez volvió a comprar más materiales y pagó nuevamente en el tiempo acordado con Joya. La decepción del proveedor ocurrió cuando entregó nuevos pedidos y no los cancelaron nunca; luego se enteró que ese procedimiento había sido usado antes por su cliente con otros proveedores.

Según las indagaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), el imputado “quedaba como buen cliente” en las primeras compras, pero luego de otros requerimientos desaparecía sin cancelar la deuda.

Estas operaciones fueron avaladas por la doctora Alicia Berta Luz Ramírez de Coto, representante legal de CES y familiar del otro imputado.

La denuncia

Israel Alberto Joya decidió interponer su denuncia cuando observó que la cuenta sin cancelar por parte de Ramírez rondaba los $224,512 –de acuerdo a un peritaje contable hecho como parte del proceso judicial- y lo único que acumulaba entre sus documentos eran los 139 comprobantes de la entrega de los materiales que extrajo de su ferretería y los 11 cheques sin respaldo económico bancario.

Los primeros cheques sin fondo monetario fueron extendidos por Ramírez entre noviembre de 2014 y febrero de 2016.

Al transcurrir los días y no ver un pago claro de la deuda, Joya decidió reunirse con Martínez, el 30 de octubre de 2014, día en que recibió en lugar de su dinero un “pagaré” respaldado con la firma de la representante legal de la CES, Alicia Berta Luz Ramírez de Coto.

La excusa del “pagaré” que Joya escuchó en esa ocasión fue el atraso de las cancelaciones por parte de las alcaldías a la que le ejecutó los proyectos de construcción.

Este mes de septiembre, tras un proceso judicial se estableció que los Ramírez se deberán presentar ante el Tribunal 6° de Sentencia el próximo 17 de octubre, a las 9:00 de la mañana, fecha y hora en la que se desarrollará una vista pública en su contra bajo el delito de defraudar en perjuicio patrimonial de Israel Alberto Joya.