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Judiciales - En tribunales

Exdiputada del FMLN espera fallo judicial por destruir muros de construcción de bodega

Marta Lilian Coto es acusada por el delito de actos arbitrarios, tras supuestamente haber dado la orden de destrucción de una obra que ella había autorizado.

 

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Exdiputada del FMLN espera fallo judicial por destruir muros de construcción de bodega

La orden de destrucción de unos muros, mismos que darían forma a una bodega, fue el problema por el que la exdiputada del FMLN, Marta Lilian Coto, ha tenido que pasar por un proceso judicial.

El pasado 28 de enero de 2016, Coto, en su calidad de jefa de la Delegación Distrital Cinco de la alcaldía de San Salvador, emitió una orden de destrucción de una obra que había sido iniciada en la colonia Las Lomitas II, luego que ella firmara un documento de autorización para tal edificación.

Con notoria molestia, la afectada Alma Lorena Franco determinó que Coto llegó "de manera prepotente" a destruir unos muros, en donde invirtió más de $3,600.

"La señora Coto tenía una posición necia, incluso llegó a decir que no le importaba que la llevaran presa, pero ella iba a detener la construcción", comentó Alma de Artiga, hija de la afectada, al testiguar en la audiencia desarrollada por el Tribunal Quinto de Sentencia, mismo que hoy brindará el fallo por el delito de actos arbitrarios.

Durante la mañana de este viernes, se desarrolló una audiencia controversial por el caso, debido a las constantes intervenciones hechas por la Fiscalía General de la República (FGR)  por las incorrectas formulaciones que realizaba el abogado defensor de Cotto.

Las intervenciones de ambas partes hicieron que se prolongara la audiencia. Sumado a esto, la numerosa cantidad de testigos del hecho, tanto de la parte acusadora como la de defensa.

Hasta la 1:30 de la tarde se desconocía el futuro procesal de Coto, puesto que la parte fiscal solicitaba al juez un fallo condenatorio que para el delito de actos arbitrarios comprende de dos a cuatro años de prisión. Asimismo, se ha pedido la cancelación de $2,600 por responsabilidad civil y la inhabilitación de la exdiputada de cargos públicos.

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