El estado salvadoreño extraditó este martes 30 de julio a un exfuncionario hondureño acusado de desviar dinero público por al menos 282 millones de lempiras (unos $12 millones) y de otros delitos de corrupción en su país durante la presidencia de Porfirio Lobo.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre la extradición de Fernando Josué Suárez Ramírez, quien es reclamado por Honduras por lavado de dinero y activos, prevaricato, malversación de fondos públicos, fraude y uso de documentos públicos falsos.

Suárez Ramírez, entre los años 2010 y 2013, durante el gobierno de Porfirio Lobo, fue el apoderado legal y representante legal de las fundaciones Dibattista y Todos Somos Honduras.

Las investigaciones de las autoridades hondureñas, como la Unidad Fiscal Especializada en Redes de Corrupción (Uferco) y la extinta Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih), detallan que Suárez Ramírez habría utilizado al menos 55 millones de lempiras para sus propios beneficios. Además, señalan que al menos 3 millones de lempiras se usaron para pagar 17 tarjetas de crédito a su nombre.

Estas acusaciones están incluidas dentro de los expedientes del caso Pandora, investigado por la Uferco y la Maccih, el cual dejó al descubierto un saqueo público de alrededor de 282 millones de lempiras y en el que se acusó a 38 funcionarios,
exfuncionarios, diputados, exdiputados y personas particulares que planearon, entre los años 2010 y 2013, el desvío de esos fondos públicos, provenientes del presupuesto de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), a través de las fundaciones Dibattista y Todos Somos Honduras, de las que Suárez Ramírez fue el representante legal.

Los fondos públicos estaban destinados a la ejecución de proyectos a favor de jóvenes, mujeres, campesinas y campesinos de diversas regiones del país. Sin embargo, este dinero nunca fue ejecutado en esos programas sociales.

Entre los implicados del caso Pandora se encuentra el mismo expresidente Porfirio Lobo, así como el extitular de la Secretaría de Finanzas (Sefin), Wilfredo Rafael Cerrato Rodríguez, y el exgerente del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa), Jorge Johny Handal Hawit. 

También se encuentran acusados los exgerentes administrativos de la Sefin, Lilia María Bográn Rivera y James Aldana Medina, y el director de presupuesto de la Sefin, Roberto Alonso Zúniga Barahona.

En noviembre de 2021, Suárez Ramírez huyó con rumbo a El Salvador, desde donde tenía previsto viajar a España, país al que le había solicitado asilo político. Sin embargo, debido a dos órdenes de captura y a una difusión roja emitida por la Interpol, las autoridades salvadoreñas capturaron al exfuncionario hondureño el 12 de julio de 2022 cuando intentaba abordar un avión hacia España.

Honduras pidió formalmente la extradición de su exfuncionario a El Salvador. Sin embargo, el trámite sufrió un retraso, ya que la solicitud de asilo político a España se encontraba vigente y, de hecho, fue aprobada en mayo de 2023. Luego de las investigaciones entre países y otros trámites, fue hasta este mes de julio de 2024 que el estado salvadoreño anunció a las autoridades hondureñas que les iba a entregar a Suárez Ramírez en extradición. 

La entrega del imputado, indicó la FGR salvadoreña, ocurrió en el paso fronterizo El Amatillo, en el departamento de La Unión.