Unas fotografías en las que aparece el joven Daniel Avilés Alemán cobrando una supuesta extorsión y que son parte del proceso judicial que se le sigue fueron filtradas en las últimas horas. Actualmente, contra Alemán se desarrolla un proceso judicial por el delito de extorsión en un juzgado de San Salvador.

El Salvador Times tuvo acceso a las imágenes que son parte del paquete de pruebas presentadas durante el proceso que se sigue.

Alemán fue detenido el 10 de enero de 2017 por el delito de posesión de drogas, del que fue absuelto. Sin embargo, no recobró su libertad porque se le sumó el delito de extorsión. De acuerdo a la Fiscalía General de la República (FGR), el joven es miembro de la estructura terrorista Barrio 18 Sureños que opera en la colonia Cima de San Bartolo 2, en Ilopango. 

Las imágenes capturadas por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), específicamente por el grupo de Fuerza de Tarea de Protección al Transporte, son de un operativo de entrega de dinero controlada en un centro comercial y en ellas se ve al joven recibiendo lo que parece ser dinero producto de la extorsión.

En otro de los cuadros aparece el rostro del joven en un primer plano.

El Ministerio Público sostiene en su requerimiento que el imputado habría extorsionado a un testigo ahora con régimen de protección denominado “Barrabás”.

El pasado 30 de octubre de 2017, la jueza suplente del Juzgado Especializado de Instrucción “B” de San Salvador decidió enviar a juicio a Alemán, por lo que un Tribunal de Sentencia será quien lo condene o no dependiendo del desfile de pruebas presentadas tanto por la FGR y por su abogado defensor, Denis Muñoz.

Este último considera que el proceso contiene una diversidad de contradicciones documentales referente al hecho.

Según Muñoz, un perito policial indicó que luego de haber hecho un análisis, el día en que Alemán habría cometido la extorsión –según la FGR, el 4 de enero de 2017-,  no hubo conexión telefónica entre el testigo y el acusado.

Pero, a la vez, la PNC anexó en el expediente una bitácora de llamadas hechas ese día en el que sí lo acusan de haber entablado comunicación desde la residencial Altavista, en Ilopango, con otros números.

Tráfico de drogas, otro caso que se le suma

El día en que capturaron a Alemán fue señalado de haber cometido el delito de tenencia de droga con fines de tráfico, luego de que fuera detenido por dos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), Marvin Alexander Alvaisa y Reymundo Ángel Madrid Pacheco, quienes ahora son acusados de fraude procesal por supuestamente haber colocado una marihuana a Alemán para luego procesarlo.

Los dos agentes, destacados en la subdelegación de Altavista, fueron detenidos el 4 de marzo de 2017 y desde entonces enfrentan cargos por el delito de fraude procesal.

Actualmente el caso está en el Tribunal 1° de Sentencia de San Salvador. El fallo será dado a conocer el lunes 22 de enero a las 2:00 de la tarde.

Familia de Alemán: Pedimos que cese la represión por denunciar las injusticias

A través de una publicación en la red social Facebook, la familia de Daniel Alemán expresó que las imágenes filtradas, solo el acercamiento al rostro del joven está contemplada dentro del expediente, no así en la que parece estar cobrando una supuesta extorsión.

Sobre la versión del uso de un teléfono celular con el que supuestamente se habría cometido el delito que le imputa la Fiscalía, la familia expuso que según la investigación "la Fiscalía asegura que Daniel Alemán es el dueño del número 7656-3515, sin embargo, el año pasado se comprobó que Daniel no es dueño de ese número por medio del posicionamiento satelital proporcionado por la compañía telefónica".

Añaden que "un perito de la policía, a través de un informe, evidenció que el día de la extorsión ese número no se encendió".

Los parientes reclamaron además por lo que consideran "represión" contra Daniel y contra ellos mismos: "Al sistema de justicia de El Salvador, pedimos que cese a la represión por el hecho de denunciar que se cometen injusticias, que se hacen montajes para incriminar a las personas".

En la publicación solicitan además la intervención del fiscal Douglas Meléndez, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y el Ministerio de Seguridad en este caso.