• Diario Digital | jueves, 28 de marzo de 2024
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Judiciales - San Salvador

Fiscalía acusa de desórdenes a sindicalistas de la Corte Suprema en protestas frente a Asamblea y Juzgados

Uno de los acusados es Roswal Solórzano, a quien también le imputan apología del delito.
Solórzano Sittoj
Roswal Solórzano (centro) en una actividad en la Asamblea. Foto: Tomada de la cuenta de Twitter del Sittoj.
Fiscalía acusa de desórdenes a sindicalistas de la Corte Suprema en protestas frente a Asamblea y Juzgados

La Fiscalía ha presentando un requerimiento acusando a ocho miembros de tres sindicatos de trabajadores de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por desórdenes en protestas frente al Centro Judicial Isidro Menéndez, la Asamblea Legislativa y el Centro Judicial Integrado.

Los acusados son Roswal Gregorio Solórzano Hernández, Roxana Estela Gómez de Joma, Domingo de Jesús Rivas Hernández, Julio César Maraver, Vanessa Guadalupe Arias Cornejo, Joaquín Adilio Rodríguez, Reina Maribel Sigarán de Lemus y Rubén Stanley Quinteros Tobar.

Las investigaciones fiscales señalan que el 19 de marzo integrantes del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Órgano Judicial (Sittoj), del Sindicato de Empleados Judiciales (Sinejus), el Sindicato de Empleados y Empleadas Judiciales 30 de junio (Sejes) cerraron los accesos a la CSJ y al Centro Judicial Integrado y otros a nivel nacional.

El segundo hecho es directamente contra Roswal Solórzano, ya que una cuenta de Twitter el 10 de junio publicó un video de él llamando a una “insurrección popular”.

En el video, según fiscalía, Solórzano llama a la población a “salir y ajustar cuentas con la Asamblea Legislativa y la Sala de lo Constitucional”, razón por la cual se le imputa apología del delito.

El 11 de junio algunas organizaciones atendieron el llamado y salieron a protestar por seis horas en la Alameda Juan Pablo II “obstruyendo la libertad de tránsito de la población en general, bloquearon los accesos al Instituto de Medicina Legal y a los edificios antes señalados”, señala el ministerio público.

Las protestas se iban a realizar otra vez el 25 y 29 de junio, en los que cerraron el acceso a los Juzgados y el Centro Integrado “afectando la celebración de audiencias y diligencias judiciales”.

En el caso de Roswal Solórzano se le señala de tres delitos: desórdenes públicos, ejercicio violento del derecho y apología del delito; mientras que a los otros siete solo de los primeros dos delitos.

El requerimiento fue presentado en un Juzgado de Paz de San Salvador, donde se decidirá el día y la hora en la que los involucrados deben compadecer.

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