La Fiscalía presentó una nueva acusación por corrupción contra el expresidente de la República, Mauricio Funes y su pareja Ada Michelle Guzmán (“Michy”), por el caso El Chaparral.

El resto de los acusados son Miguel Menéndez “Mecafé”, Leopoldo Samour Gómez, Mario Federico Pieragostini y José Efraín Quinteros. A los seis la Fiscalía los señala de peculado, cohecho activo (soborno), lavado de dinero y agrupaciones ilícitas.  

De acuerdo con la fiscal del caso, el delito de peculado lo cometieron porque dirimieron una controversia entre Astaldi, una de las empresas constructoras de la presa, con la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL).

“Se favoreció a Astaldi con más de $50 millones (…) de las cuentas de Aldaldi Honduras y Venezuela salió dinero de la dádiva de $4 millones para una empresa en la que se lavó y llegó hasta dos sociedades (…) ambas en Panamá, se logra llevar hasta ahí y han ingresado a El Salvador por medio de diferentes medios”.

Uno de esos medios fue Latin American Spa, propiedad de Ada Michelle Guzmán y una sociedad que crearon Funes y Mecafé para “esconder” el dinero. Los recursos fueron utilizados, según el ministerio público, para remodelar casas de Guzmán en la urbanización Sierra Santa Elena.

Otro de los fiscales indicó que en las investigaciones encontraron certificaciones de que “La Michy” era la apoderada y representante legal de Latin American Spa, e incluso una revocatoria del poder.

“Existe certificación de asistencia internacional donde se involucra a Miguel Menéndez como la persona que manejaba las cuentas desde Panamá, esta persona era quien realizaba y tenía la firma autorizada para que esos fondos fueran hasta El Salvador”, indicó.

El resto de los involucrados

Mario Federico Pieragostini era el representante de la constructora Astaldi y se encargó, según la acusación de la Fiscalía, de interponer reclamos alegando fallos geológicos no comprobados para “justificar un incremento o ajuste del precio de contrato”.

Samour Gómez era, en ese entonces, el presidente de la CEL y “ejecutaba la orden de un arreglo directo” con Astaldi donde se le pagaba el costo de la obra al momento más $ $45,244,418 “sin existir base legal ni técnica para pagar un monto adicional”.

Sobre José Efraín Quinteros se dijo que era el encargado de llevar la contabilidad de Latin American Spa y “de nombrar la estructura de testaferros para ocultar a los verdaderos propietarios de los inmuebles y los fondos ilícitos”.

El expresidente Funes, desde Nicaragua, cuestionó al fiscal general Raúl Melara por presentar un caso “sin pruebas” y de hacer una “refrito” de lo dicho anteriormente por el exfiscal Douglas Meléndez.