Una apelación por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) ante la Cámara Especializada de lo Penal bastó para reabrir un caso de extorsión agravada en contra de César Anaya, un hombre de 32 años que se dedicaba a realizar trabajos de construcción en Estados Unidos hasta que fue deportado.

El 17 de julio de 2015, la Cámara ordenó anular el fallo emitido por el Juzgado Especializado de Sentencia “C”, el 7 de noviembre de 2014, que dictaminó la absolución definitiva a favor de Anaya.

El sujeto fue acusado por primera vez por el Ministerio Público por supuestamente exigirle $8 a un comerciante cada vez que ingresaba a vender sus productos en la colonia Cumbres de San Bartolo, en Tonacatepeque, en el año 2011. La supuesta víctima es ahora testigo criteriado en el caso.

Según la FGR, Anaya es un integrante de pandillas que participó –junto a ocho sujetos más- en el caso de extorsión.

Para poder detener a los implicados, agentes de la Unidad de Investigaciones la Policía Nacional Civil (PNC) de la sección de Apopa indicaron que realizaron cuatro entregas controladas de dinero. La última de estas, aseguran, fue ejecutada el 1 de septiembre de 2011, fecha en la que supuestamente el imputado fue capturado, según los documentos que lo acusan.

Sin embargo, en el desarrollo del caso, el juez encontró diversas inconsistencias. Una de ellas es que Anaya no se encontraba en el país en la fecha en que se indica que fue detenido; como resultado, dio un fallo absolutorio.

Emigró por acoso policial

A preguntas de El Salvador Times, el imputado explicó que él decidió irse del país por el acoso policial al que era sometido, por lo que en febrero de 2011 se fue rumbo a Estados Unidos, país en donde residió hasta ser deportado el 28 de mayo de 2014.

“Yo ni estaba en el país cuando dicen que me detuvieron. Las fechas no coinciden”, expresó Anaya, quien tiene diversos tatuajes en su cuerpo, aunque aparentemente son artísticos y no alusivos a pandillas.

La deportación del originario de Sonsonate consta en el expediente judicial, en donde en el folio 451 de la pieza tres se plasma que la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) procedió a su detención, el 28 de mayo de 2014, en el aeropuerto Monseñor Romero, a eso de la 1:05 de la tarde. En ese momento el hombre contaba con 27 años de edad.

Por la apelación fiscal, el mismo Juzgado Especializado de Sentencia “C” volvió a instalar una audiencia de vista pública contra Anaya, pero con un juez diferente al que emitió el fallo que lo dejó libre. Para este segundo proceso, el imputado fue detenido el 1 de diciembre de 2017.

Inconsistencia en argumentos policiales

En la audiencia, el imputado fue asesorado por su abogado defensor René Ramos, quien solicitó al juez tomar en cuenta una prueba contundente: la certificación policial del libro de registros de entradas y salidas de la Unidad de Investigaciones.

Ese documento fue clave para obtener su libertad, debido a que hay indicios de que el registro fue alterado al utilizar corrector de tinta sobre lo ya escrito, como se muestra en las dos certificaciones (una solicitada por la FGR y otra por el juzgado) de los folios 530 a 534 y 538 a 540, agregadas en la pieza tres del expediente.

El libro de entradas y salidas detalla que: “A las 3:45 p.m. salen los agentes Montoya Quijada Figueroa y agente Opico Bernal a cubrir dispositivo en Cumbres de San Bartolo. 17:45 horas”.

Este último agente fue el testigo presentado por la FGR en la nueva audiencia. En su declaración, Opico Bernal indicó que hizo junto a sus compañeros la entrega controlada, pero como cuestionó la defensa, no utilizaron cámaras fotográficas ni de video, por ende no hay registros del operativo.

Por otro lado, el testigo describió al imputado de tez morena y Anaya es de piel blanca. Además, omitió los tatuajes que notoriamente posee.

La continuación de la audiencia en contra del sujeto está programada para este día, en ella, Anaya conocerá si es o no puesto en libertad. De no serlo, corre el riesgo de que el juez pueda imponerle hasta 20 años de prisión, que es la pena máxima por el delito de extorsión agravada según la Ley Especial de Extorsión.

Mientras tanto, el imputado guarda prisión en las bartolinas de Conchalío, en el departamento de La Libertad.