A principios de esta semana, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó una demanda civil en contra del partido político ARENA y el banco Cuscatlán acusados de desviar $10 millones que el Gobierno de Taiwán donó a El Salvador en los terremotos de 2001.

La demanda fue presentada en el Tribunal Segundo de Instrucción ante la anulación de la Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador de la causa penal en contra de los acusados.

Según el fiscal general de la República, Raúl Melara, lo que se pretende es reintegrar el dinero desviado a las arcas del Estado.

Los informes de la Fiscalía detallaron que la Cámara anuló el proceso judicial contra los expresidentes Francisco Flores y Elías Antonio Saca.

También fueron acusados de lavado de dinero Gerardo Balzaretti Kriete, expresidente del Centro de Estudios Políticos de ARENA (CEP) junto al fallecido expresidente del banco Cuscatlán José Mauricio Samayoa y Juan Tennant Wright.

La Fiscalía detalló que los acusados fueron exonerados del proceso penal producto de una apelación de los abogados defensores en la que se establecía que el proceso ya había finalizado; no obstante, la Cámara Segunda de lo Penal dictó que aunque fue cerrado, la responsabilidad civil debe continuar.

"Esta es una acción que ha ido en contra obviamente de los imputados en el caso Taiwán. Si bien la acción penal se extinguió la acción civil perdura", explicó el fiscal.

"También está involucrado el banco Cuscatlán... quiero aclarar que era otra administración, no los actuales propietarios, pero heredan esa responsabilidad... fue a través de este banco que se desviaron los fondos pertinentes... ellos están demandados", agregó el funcionario.

Melara dijo que la demanda también va dirigida a ARENA, partido político que se presume recibió por medio del expresidente Francisco Flores una serie de cheques provenientes de los recursos que iban destinados a las personas de la colonia Las Colinas de Santa Tecla que resultaron damnificadas en el terremoto del 2001.

"El banco Cuscatlán y el partido ARENA están demandados y deberán responder civilmente por esos $10 millones... el reto no es sólo condenar a las personas, sino recuperar parte del dinero perdido y esa será una acción que iniciará en su momento", aseguró Melara.

La información y las declaraciones del fiscal general fueron retomadas de una publicación en el sitio web de la Fiscalía.