Pese a que la representación fiscal en el caso "Destape a la Corrupción" solicitó que los imputados regresen el dinero que se apropiaron de fondos del Estado, en el fondo dicen estar conscientes que es poco probable que el monto señalado regrese debido a que fue cobrado en efectivo. Desde la defensa la petición los tomó por sorpresa y alegan que en el caso no existe una víctima a la que se le pueda retribuir el daño causado.

Según la petición del ministerio público, Saca, Élmer Charlaix,Pablo Gómez, Francisco Rodríguez y Juan Herrera tendrían que pagar entre $300, 347, 117.17, monto que las autoridades han determinado que fue sustraído durante los años en los que el exmandatario estuvo a cargo de la hacienda pública.

Por la reacción de los imputados, la petición de los fiscales no era parte del trato. En el caso de algunos de los imputados estos estaban seguros que no iban a tener que regresar el dinero que aceptaron haber sustraído debido a que aseguran que no hay una víctima directa. En tanto otros señalan no tener dinero para pagar.

La petición de los fiscales parece estar más vinculada a la presión que se ha realizado desde la opinión pública debido a que en un primer momento se habló que del monto total señalado solamente $25 millones regresarían al Estado. Parte de esta cifra se compone de los inmuebles incautados.

“Nosotros sabemos que va a ser difícil poder venir y llevar a ejecutar esa sentencia porque el dinero fue pagado en efectivo” pronunció el fiscal del caso, Mario Huezo, minutos después de señalar el millonario monto.

No obstante, Huezo explicó que el reembolso al Estado deberá de ser correspondiente a razón de las posibilidades de pago y de las acciones que los imputados hayan realizado durante la presidencia Saca.

Una de las posibilidades que observó la FGR para que dichos montos sean devueltos es la expropiación y el valuó de las sociedades del Grupo Radial Samix, S.A. de C.V. las cuales fueron utilizadas  para desviar los fondos con supuestas pautas radiales.

“Estas sociedades fueron utilizadas específicamente para utilizar la operación de estratificación del dinero extraído de Capres para luego retornarlo a Saca”, sentenció uno de los fiscales durante una rueda de prensa.

Hasta el momento, los únicos dos imputados con un monto definido son el exsecretario de la Juventud, César Funes, quien según la FGR, deberá retribuir $886 mil; mientras que el exsecretario de comunicaciones de la presidencia, Julio Rank, cancelará $8,381,130.39. Este último al escuchar la exuberante suma de dinero abrió los ojos en señal de asombro.

Inconformidad de la defensa

En la recta final del proceso en contra del expresidente, la defensa técnica de Saca, Charlaix y Funes manifestaron su inconformidad respecto al pago de la responsabilidad civil y alegaron que discrepa con el pacto desde el inicio del proceso con la Fiscalía.

En la sala de audiencias, Mario Machado, el abogado defensor del expresidente, alegó que el monto asignado a cancelar por daños al Estado no es conveniente debido a que en un inició propusieron $15 millones. "Eso es lo que está cuantificado. Es lo que han logrado establecer tanto con las empresas de ANLE, Funes y asociado, entre otras”, señaló Machado.

Por su parte, Miguel Girón, defensor de Funes, acompañó en su inconformidad a Machado señalando que no existe una víctima específica a quien deba de indemnizar por los actos cometidos y aceptados por su cliente.

Además, Girón se quejó de la cantidad de años a las que sería condenado Funes ya que señaló que no es proporcional a la pena impuesta por el mismo delito a otros procesados en este caso. El objetivo del defensor es obtener una condena de tres años que llevaría al exfuncionario a dejar las rejas por otras medidas.

Ambas posturas son rechazadas por la parte acusadora quien recordó que "hay una afectación al Estado de El Salvador, ellos (los imputados) incorporaron a su patrimonio dinero público que venía de la cuentas institucionales. No perdamos de vista esa situación”, sentenció un fiscal del caso.