El equipo jurídico de la Presidencia presentó nuevamente a la Asamblea Legislativa una propuesta para que los diputados aprueben un decreto que permita un régimen de excepción que incluye una cuarentena de 15 días ante el incremento de casos de coronavirus.

El asesor jurídico de la Presidencia, Javier Argueta, explicó que entre los documentos presentados al órgano Legislativo se incluyó un informe que muestra dos escenarios sobre el avance de la enfermedad hasta el 2 de agosto según las proyecciones del Ministerio de Salud (Minsal).

El primer escenario –con cuarentena– muestra que las muertes por Covid-19 hasta la fecha superarían las 6,000; sin embargo, el informe advierte que si no se cumple con estas disposiciones la cifra de decesos atribuidos a la enfermedad podrían superar los 20,000.

“Hay una proyección, que es donde se mantiene la cuarentena, de 6,434 de muertes, pero si no se mantiene vamos a tener rebrotes y se esperan que lleguemos a 20,437 (fallecidos), obviamente esta es una proyección a partir del nivel de contagios”, dijo.

La propuesta del Gobierno incluye la suspensión de las garantías constitucionales como sucedió al inicio de la emergencia nacional por la pandemia, es decir, restricción a la libertad de reunión, tránsito e inamovilidad de residencia. En otras palabras, todos los ciudadanos deberán de permanecer en sus casas para evitar más contagios.

“Traemos el proyecto de decreto de régimen de excepción para que la Asamblea Legislativa lo discuta, traemos un estudio de parte del Ministerio de Salud donde se hace esa proyección y traemos una exposición de motivos con un resumen constitucional del por qué deben (hoy) suspenderse estas tres garantías a partir de defender la salud y principalmente el derecho a la vida de los salvadoreños”, aseguró Argueta.

De aprobarse el decreto ¿cómo queda la apertura económica?

El abogado explicó que el Gobierno necesita 15 días más para que las personas que están contagiadas con la enfermedad se curen, pero también para evitar que los ciudadanos tengan mayor exposición al virus. En ese sentido, será el Minsal quien decida qué empresas deben abrir y cuales cerrar.

“Necesitamos que todos los salvadoreños guardemos esa cuarentena y después logremos salir, obviamente las fases las deberá ir decidiendo el órgano Ejecutivo, como sucede en otros países y esa posibilidad tiene que dársela, ya lo dijo la sentencia de inconstitucionalidad, si se tiene un régimen de excepción también se puede aplicar el Código de Salud”, explicó.

Dijo que esto ya le fue planteado al sector privado con el cual han llegado a consensos.

“Es un consenso social que tenemos nosotros en cuanto al sector privado en respetar estas fases que hemos tenido y, por tanto, si bien se aprueba el régimen de excepción es el órgano Ejecutivo a través del Ministerio de Salud el que deberá ir dando la pauta de qué sectores se puede ir abriendo y eventualmente qué sectores deben cerrar inmediatamente”, aseguró.

“La reapertura económica sigue a partir de las modalidades que dé el órgano Ejecutivo. Tenemos 5 fases; de esas 5 fases el Ejecutivo a través del Minsal y de una resolución motivada deberá ir definiendo si sigue la fase 2 o si se cierra (el proceso de apertura económica) en la fase 2, si siguen o cierran algunas empresas”, reiteró.

“¿Qué pasará con el inicio de operaciones el transporte público de pasajeros?”, se le planteó al asesor durante una conferencia de prensa.

Explicó que la suspensión del derecho a la libertad de tránsito incluye a las unidades del transporte público de pasajeros por considerarlas un foco de contagio para la población.

“Una de las medidas que ha funcionado no solo en nuestro país, sino a nivel mundial es el tema del transporte público; obviamente, parte de los derechos de libertad de tránsito dentro de la cuarentena es que siga la suspensión del transporte. Necesitamos garantizar la salud, bajar la curva. En el informe hay dos escenarios, uno con cuarentena y el otro sin cuarentena. La letalidad que va a existir del escenario sin cuarentena es sumamente grave”, añadió.

De aprobarse la nueva cuarentena, las restricciones para los ciudadanos serán las mismas que se han estado aplicando con anterioridad, es decir, las personas deben de permanecer en sus casas y no deberán salir a menos que sea necesario y con mascarilla y según el Gobierno lo ha venido organizando.

Ante la interrogante de ¿cómo van lograr acuerdos jurídicos con la Asamblea Legislativa? Argueta explicó que la sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia dejó establecidos los criterios en las resoluciones de inconstitucionalidad.

“La sentencia de la Sala fue clara, declaró inconstitucional a lo que se le llamó restricción de derechos porque dijo que no se había sustentado –documentado– a pesar que la misma Sala dijo que hay hechos notorios, pero la Sala quiere que la Asamblea lo sustente, documente”, comentó.

“Si los diputados no están de acuerdo con el régimen de excepción será responsabilidad de los diputados todo lo que venga. Esto no es una responsabilidad civil, sino hasta penal. Como Ejecutivo estamos haciendo lo jurídicamente imposible (…) Hoy nos presentamos y será responsabilidad de los diputados lo que pase con las vidas salvadoreñas”, advirtió.