El ser partícipe de un accidente de tránsito le costó muy caro a un hombre, quien confiando en las autoridades llamó a los elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) para poder llegar a un acuerdo justo con la otra persona involucrada tras un parte policial.

Con lo que él no contaba es que uno de los agentes del Departamento de Investigaciones que llegó al percance, y que estaba destacado en la subdelegación de San Martín, utilizaría la información personal obtenida para extorsionarlo, luego de haber hecho el registro del caso.

El domingo 14 de febrero de 2016, la víctima –denominada en su proceso judicial como clave “2,754”- recibió una llamada a su teléfono móvil. La voz amenazante que logró escuchar pertenecía a la de Carlos Roberto Amaya García, quien se identificó como un agente policial.

Tras una serie de amenazas de atentar en contra de su vida, debido a que le recordó que tenía la dirección de su vivienda, la víctima prestó atención a la exigencia que el sujeto le hizo: el pago de $2,000.

Por un acuerdo unánime, “2,754” logró convencer a Amaya García de entregarle solo $1,000, por lo que éste indicó que quería ese dinero lo antes posible.

Con temor, la víctima acudió nuevamente a la PNC, pero esta vez no para arreglar un accidente de tránsito sino para denunciar un caso de extorsión.

La mañana del 22 de febrero del año pasado y bajo un plan de entrega controlada, “2,754” llegó a un restaurante de comida rápida ubicado sobre la intersección de la avenida España y la alameda Juan Pablo II, tal como lo citó  Amaya García.

Desde lejos, la víctima logró observar cómo el policía que lo había asistido en el accidente de tránsito aquél domingo ingresaba en el parqueo a bordo de un pick up, mismo que con las investigaciones posteriores se determinó que pertenece a la institución de seguridad pública.

Cuando el reloj marcaba las 11:30 de la mañana, Amaya García fue detenido justo en el momento en que el afectado entregaba el paquete de los $1,000 por debajo de una mesa del restaurante.

Por ello, fue conducido a las bartolinas de la Delegación de Soyapango, no sin antes incautarle un arma de fuego 9 milímetros, ocho cartuchos, dos celulares –uno de ellos con el que le realizaba las llamadas amenazantes a la víctima-, el dinero de la extorsión y el vehículo policial.

Debido a la falta ejecutada por el ahora expolicía, el Tribunal 6° de Sentencia lo condenó a 10 años de prisión, por el delito de extorsión agravada, por lo que el originario de Sensuntepeque, Cabañas, paga su condena en el centro penal de Metapán, en Santa Ana.