Una lucha judicial cuesta arriba es lo que ha tenido que soportar Daniela Alfaro, luego de que un policía la agrediera mientras esperaba el microbús en la parada de su colonia en Soyapango. Ha tenido tres fiscales y el caso judicial nunca llegó a florecer debido a la negligencia con la que, según ella, se llevó el proceso.

Daniela tiene 30 años de edad y es una mujer transgénero. A lo largo de su vida se ha tenido que enfrentar a diversas barreras debido a su identidad; una de ella ha sido el acceso a la justicia luego de denunciar un sargento de la Policía Nacional Civil (PNC) que, según su denuncia, la maltrató y destruyó su celular segundos antes de llamar al 911 para no dejar evidencia.  

Según relata Daniela, todo ocurrió aproximadamente a las 10:00 de la mañana del 11 de febrero del 2018. Ella se había quedado esperando un microbús junto a su madre cuando de pronto aparece un agente policial identificado como sargento Mena Gómez, quien iba acompañado por otros policías. Por un momento, estos la observaron y siguieron su recorrido, pero pocos pasos adelante el sargento retornó y comenzó la agresión.

- ¿Qué es lo que estas esperando? -cuestionó Mena de forma prepotente.

- Estoy esperando el microbús -respondió con temor.

- Y, ¿Qué andas en la cartera?” -continuó.

- Si gusta mire -señaló Daniela, mientras le entreabría el bolso.

Según Daniela, el agente metía sus manos de forma violenta hasta lograr arrebatársela y lanzar sus cosas al suelo. Al ver su actitud le pidió que fuera respetuoso en el procedimiento pero eso no hizo ninguna gracia al enfurecido hombre.

 - Yo te puedo involucrar en pandillas y te puedo llevar -amenazó el oficial al mismo tiempo que le exigía que las levantaran y de no hacerlo las quemaría.

“Le señalé que llamaríamos al 911 para que nos vengan a ayudar. Marcó y el sargento me golpeó en la mano e inmediatamente el celular cayó en el suelo y lo tomó. Mi mamá me recomendó que me subiera al microbús y que fuera a interponer la denuncia a la Fiscalía, y eso hice, pero antes de eso él me gritó: ‘Aquí queremos hombres, no culeros. Y si me denuncian ya sé dónde viven’”, recordó un año después del incidente.

Este episodio sería el inicio de varios meses intentando mantener su caso a flote, ya que desde el primer momento que piso la Fiscalía General de la República (FGR) las personas no querían tomarle la denuncia ni por parte de dos fiscales que le dijeron que cerrarían el caso “por falta de pruebas” siendo estos los encargados de buscarlas. Comentó que por ser una mujer transgénero las autoridades la marginaron hasta relacionarla con grupos pandilleriles.

“Se me empezaba a cuestionar si no tenía novio pandillero. Yo igual le dije: 'No, no tengo ninguna pareja que sea de pandillas porque en primer lugar es una estigma y un prejuicio que tienen con las personas transgenero'. Me parece de mal gusto, empezar a ponerme ese tipo de cuestionamiento, de trabas, de perjuicios hacia mi persona”, explicó.

Según alega, los dos primeros fiscales a cargo de su proceso no le prestaron la atención por lo que inconforme fue a interponer una denuncia ante la auditoria fiscal para esta instancia iniciara una investigación por inconformidades de la víctima.

Ante sus quejas, le proporcionaron una nueva persona. Señaló que en un primer momento no hubo mayor problema. "Sin embargo, su trabajo lo hizo muy negligente porque le daba más apoyo a los policías y que no había más prueba o evidencia. De entrada mi caso me dijo que se iba al archivo", dijo.  

A pesar de los inconvenientes, ella siguió el proceso, pasaron más de 11 meses para que la Fiscalía presentara un requerimiento en contra de los agentes involucrados y sobre todo para el sargento Mena. Sin embargo, cada paso que daba sobre su proceso la amenaza era la misma: archivarlo.

“Esas cosas le van minimizando las ganas de seguir denunciando y seguir el proceso, de querer estar pidiendo que se haga justicia porque de entrada se ve que no quieren actuar”, comentó.

El ONI manipulado y su audiencia fallida

El día de la agresión ella observó el Orden Numérico Institucional (ONI) del sargento y lo guardó en su mente; sin embargo, solo alcanzó a ver los primero dígitos ya que, asegura, él se había ocultado el resto con el objetivo de no ser identificado. Otra de las circunstancias que dilataron su proceso fue que los agentes andaban con gorros navarone por lo cual, ni ella ni su madre pudieron verle la cara.

Las investigaciones siguieron su curso y se logró identificar a las personas que estaban señaladas de haberla agredido. Según Daniela, el imputado principal nunca negó o aceptó haber participado del hecho delictivo lo que para ella significaba una esperanza al final del camino. Sin embargo, la falta de pruebas y las irregularidades dieron un giro a favor de los responsables.

“Yo solo tengo esos dígitos que coinciden con la persona que ese día, esa fecha y era hora; y que además tiene asignada ese lugar. Lo que hace ver que sí fue ese sargento”, explicó angustiada. “La Fiscalía no me dio mayor detalle, no ha sido transparente porque tampoco me ha dicho porque archivaron mi caso”, continuó diciendo.

El 17 de enero del 2019, cuando al fin llegó a la audiencia inicial, ambas partes comenzaron sus alegatos en el Juzgado de Paz de Soyapango; por parte de la defensa aclararon que no se había logrado identificar al agresor y que tampoco se tenían las suficientes pruebas del delito mientras que la Fiscalía contaba con la versión de la víctima.

Tras varias horas de alegatos, la jueza decretó levantar todos los cargos de agresiones en contra del Sargento por lo cual el caso no paso a la siguiente instancia provocando un mal sabor de boca.

“No he encontrado mayor justicia sino impunidad. Eso me preocupa porque las agresiones podrían fortalecerse y estoy amenazada de muerte por ese agente”, explicó con desesperación.  

Como un acto para no dejar morir su caso, interpuso un recurso de apelación ante la Cámara de lo Penal para que su caso sea reabierto con otros fiscales. “Estoy sola contra la institución”, concluyó.