El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador ordenó la detención provisional y un plazo de Instrucción de seis meses contra 24 personas acusadas de varios delitos relacionados a la emisión fraudulenta de licencias de conducir.

De acuerdo con la solicitud de imposición de medidas por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), la estructura operaba en las cercanías de las oficinas de Sertracen en el país, adonde los clientes acudían para gestionar trámites referidos a licencias de conducir.

Cuando las víctimas llegaban a las afueras de Sertracen, los imputados se acercaban para ofrecerles la obtención "fácil" de licencias de conducir. 

Una vez que las víctimas aceptaban, los acusados les pedían cantidades de entre $125 y $150 para extenderles los exámenes teórico, práctico y psicológico ya aprobados.

En otros casos les ofrecían el trámite completo, incluida la obtención de la licencia de conducir sin necesidad de hacer ninguna otra gestión extra. Para esos casos, presuntamente les pedían a las víctimas entre $800 y $1,000, de acuerdo con las investigaciones de la FGR.

En el caso de los exámenes, aunque las personas que pagaban estos servicios fraudulentos reprobaban, los acusados les extendían una boleta que hacía constar que los exámenes habían sido aprobados.

Luego, los imputados dirigían a sus clientes con empleados públicos que trabajaban en el Viceministerio de Transporte (VMT), quienes también están procesados penalmente por este caso, y estos les ayudaban a darles todos los vistos buenos y otorgarles la licencia de conducir.

La FGR ha determinado que estas operaciones fraudulentas ocurrieron principalmente en el departamento de San Miguel.

El fiscal del caso detalló que empleados del VMT de San Salvador también están fuertemente vinculados a la estructura delictiva. De acuerdo con las investigaciones, hay casos en que los servicios fraudulentos para obtener las licencias de conducir se ofrecían en San Salvador y los documentos se procesaban y se enviaban desde San Miguel.

Las instituciones involucradas en este caso son la escuela examinadora Escoprond, la escuela examinadora Atlantic Seguridad, la escuela de manejo López y el VMT.

El tribunal determinó que existen suficientes pruebas para que el caso pase a la siguiente etapa y continúe la investigación contra la estructura. Los acusados enfrentan los cargos de cohecho propio, cohecho activo, incumplimiento de deberes, estafa informática, falsedad ideológica, falsedad material y agrupaciones ilícitas.