Por una enfermedad prolongada, Elena L. perdió la vida en el Hospital San Rafael, en Santa Tecla, La Libertad, el pasado 31 de enero de 2016.

En ese entonces, su hija, una niña de cinco años de edad, quedó a cargo de su madre, Eloísa L., porque decidió confiar más en la crianza que le daría ella que la de su expareja sentimental, José P., de quien se había separado tiempo antes de fallecer. 

En una oportunidad, pocos días después de la muerte de Elena, el sujeto decidió contactar con Eloísa para pedir prestada a su hija biológica, entre febrero y marzo de ese mismo año. Tras un “sí”, llegó a traer a la niña y la llevó a su vivienda, ubicada en Nejapa.

La única noche que José compartió con su hija la agredió sexualmente al tocar sus partes genitales. Luego de esta acción, el imputado amenazó a la niña con no darle ni dinero ni regalos si decía lo que había sucedido, por lo que solicitó a ella que culpara a sus primos.

Durante varios meses, la menor de edad calló lo que su padre había cometido en su contra, hasta que un día decidió contarle a su abuela Eloísa.

Sin pensarlo, Eloísa decidió interponer una denuncia en contra de José y desde que inició el proceso judicial por el delito de agresión sexual en menor incapaz cometido en contra de su hija, este gozaba de su libertad bajo medidas alternas a la detención.

El fallo inesperado por José se reflejó en su rostro, cuando la jueza del Tribunal 1° de Sentencia de San Salvador decidió -tras estudiar el caso- imponerle una pena de 13 años de prisión.

Al saber la resolución, el imputado tuvo que despojarse de sus pertenencias, quitarse la camisa formal de mangas largas que vestía, para quedarse con una camiseta blanca que llevaba puesta. A la vez, le tocó prepararse para ser esposado y trasladado al centro penal que le sería asignado para cumplir su pena.