Cinco miembros de la pandilla 18 y un sujeto más que no pertenece a ninguna estructura criminal fueron absueltos por la jueza del Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque, Cabañas, luego que los acusaran de extorsionar a un comerciante de ese municipio con $5,000. Sin embargo, el caso se cayó porque en las pruebas presentadas se aseguraba que el supuesto delito se cometió un día después que los imputados fueran capturados, es decir, que estaban tras las rejas.

Los procesados fueron identificados como César T., Santos M., Carmelo P., Carlos M. y los hermanos Eduardo y Jesús P., quienes comparecieron la audiencia a través de una videoconferencia, por estar detenidos en el penal de Ilobasco.

El caso que inició el proceso

Los hechos se centraron en la cabecera departamental de Cabañas. El 22 de abril de 2016, la víctima, quien durante el proceso actuó como testigo bajo régimen de protección, encontró bajo la puerta de su casa una hoja de papel en donde un grupo de pandilleros le exigía que les entregara $5,000 a cambio de no atentar en contra de su vida o la de su familia.

Luego de que la supuesta víctima ignorara la nota de extorsión, el 8 de mayo de ese mismo año recibió una llamada por parte de miembros de pandillas, quienes amenazaban con asesinar hasta a su mascota –un gato- si no le entregaba el dinero. Tas un acuerdo aceptaron recibir $4,000. Ese día decidió ampararse en las autoridades y denunció el hecho en la Fiscalía General de la República (FGR).

El lugar de la cita para la entrega del efectivo era la entrada del cementerio general de Tejutepeque, y el día pautado fue el 9 de mayo, un día después de la amenaza telefónica.

La incoherencia que encontró la jueza

A medida se desarrollaba la audiencia de vista pública, la jueza se fue enterando de varios detalles que no le parecieron lógicos. Entre ellos, el peritaje telefónico, las fotografías utilizadas como pruebas y las fechas que, a su parecer, no concordaban.

Bajo un operativo realizado por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), los seis imputados fueron detenidos el 7 de mayo de 2016 bajo el cargo de agrupaciones terroristas, por lo que fueron llevados a las bartolinas de la subdelegación de Ilobasco, en donde pasaron recluidos durante tres días.

En ese lapso ocurrieron dos eventos: la víctima recibió la llamada amenazante el 8 de mayo y el día siguiente tendría que presentarse con los $4,000 en el cementerio.

Ese 9 de mayo, los seis sujetos fueron sacados de las bartolinas y –según el relato de uno de ellos- fueron llevados hacia la entrada del camposanto en donde el comerciante debía entregar el dinero.

En medio de diversas llamadas telefónicas hechas por parte de los policías a otros agentes, y que fueron calificadas como "sospechosas" por los imputados, les tomaron diversas fotos con una cámara, incluso una donde aparecen con un paquete. Esas imágenes fueron incluidas en el informe fotográfico adjuntado al caso judicial.

Después de esto, fueron trasladados nuevamente a las bartolinas, pero ahora la Unidad Antiextorsiones de la PNC les dio a conocer que estarían detenidos por el delito de extorsión agravada cometido en perjuicio de clave “2933”, por lo que fueron trasladados hacia el penal después de que un juzgado de Instrucción así lo determinara antes de pasar a Sentencia.

Para la jueza, esa fue una incoherencia mayor, debido a que en un primer momento las primeras fotos en donde a los sujetos se les culpaba de agrupaciones ilícitas salían con la misma ropa que en las imágenes del caso de extorsión.

Según la juzgadora, ese hecho reforzó el testimonio de uno de los imputados: los policías los pusieron a posar con el supuesto paquete del dinero de la extorsión, misma que informaron que fue hecha de una manera controlada para poder capturar a los implicados.

Las llamadas fueron otro detalle que llamó la atención a la jurista. El peritaje de los teléfonos no concordó los días de las llamadas con los días de cuando los sujetos estuvieron detenidos en las bartolinas.

Estos análisis bastaron para determinar un fallo absolutorio, por lo que ahora los seis sujetos gozarán de libertad y la denuncia quedará sin ser resuelta.