La Fiscalía General de la República (FGR) presentó, la tarde del viernes, el requerimiento del caso "El Chaparral" en el Juzgado 9° de Paz de San Salvador, en donde además solicitó reserva total, la cual fue concedida por el juez a cargo del caso. 

Los acusados son Miguel Menendez, mejor conocido como "Mecafé"; Mauricio Funes; Michelle Guzmán, así como el expresidente de CEL José Leopoldo Samour Gomez y los representantes de la empresa ASTALDI José Enfraín Quinteros y Mario Pieragostini.

El ministerio público señaló que los imputados son procesados por los delitos de lavado de dinero, peculado, agrupaciones ilícitas y cohecho. Las investigaciones señalan que todo surgió luego de que se diera una suscripción del contrato para la construcción de la presa El Chaparral.

Según una publicación en Twitter, en julio de 2012, los imputados celebraron negociaciones de manera unilateral y directa que llevaron a la anulación del contrato para posteriormente desviar un monto de más de $108 millones que generaron a la empresa más $45 millones. 

El fiscal de la Unidad Especializada Contra el Lavado de Dinero y Activo, señaló que “se prefirió irse por el arreglo directo la parte de la obra construida le pagaron un excedente por más de 45 millones. Sin embargo, según lo estipulado en la Ley LAPAC no se puede cancelar más allá de la obra ejecutada y esta rondaba los $63 millones aproximadamente”. 

El funcionario de la FGR señaló que Funes no actuó como "actor directo pero si tiene injerencia en la colocación del presidente de CEL le giraba instrucciones no de forma oficial pero sí de una forma directa y también era secundado por Miguel Menéndez con quien también tenía tratos".

La relación de los hechos

Según la representación fiscal, el 26 de septiembre de 2008 CEL y la empresa constructora italiana Astaldi firmaron un acuerdo para la construcción de la presa hidroeléctrica El Chaparral para lo cual se contaba con un monto total de $219 millones que “implicaba la prohibición expresa de  un ajuste o incremento en la obra”.

Sin embargo, dicha empresa, representada por Mauricio Pieragostini Maiocchi cometió varios incumplimientos como atrasos y la suspensión unilateral de los trabajos lo que probaría “motivos suficientes para terminar el contrato, imponer multas y hacer efectivas las fianzas contractuales”.

Pieragostini reclamó a CEL y justificando los atrasos como “imprevistos impredecibles” solicitó más dinero. Para evitar un litigio, la administración de Funes realizó un arbitraje internacional que llevaría a contratar empresas especializadas en este tema. 

Funes contrató, el 22 de agosto de 2010, a Curtis Malletprevos Colt & Mosle, S.C., empresas sugeridas por Astaldi para que realizaran un peritaje técnico de la situación geológicas de la zona.

Luego CEL contrató a la firma legal salvadoreña Rusconi Medina y Asociados, LTDA de C.V., y a Novotec para tener un peritaje de la obra.

Fue en ese momento que Menéndez ordenó a los asesores legales buscar un posible arreglo con la empresa italiana para evitar que este problema saliera del país; para esto Funes colocó a  Samour Gómez como presidente de CEL quien pagaba a bajo costo la construcción más una suma que rondaba los $45 millones.

Según la FGR, los funcionarios no exigían la parte legal ni técnica para pagar el monto adicional de lo ejecutado.

Sociedades fachadas en Panamá

Entre el 10 y 12 de junio de 2012, varios de los funcionarios, entre ellos “Mecafé”, viajaron a Panamá para montar una sociedad fachada conocida como Headford Business, al mismo tiempo, abrieron una cuenta bancaria en el FPB Bank Inc.

“Para el depósito de las dádivas o retribuciones que entregó Astaldi a Mauricio Funes y Miguel Menéndez, por haber ordena la materialización del Arreglo Directo que permitió que Astaldi se apropiara de $45 millones”, señala el requerimiento.  

Menéndez y Pieragostini, habían cerrado el trato. “Mateo”. un testigo del caso, señaló que los empresarios realizaron contratos falsos y simularon pagos de servicios de servicios prestados.

“En total Astaldi le transfirió $3 millones a las empresas fachadas de Funes y Menéndez de lo cual buena parte fue destinada para la creación y funcionamiento de la franquicia de la sociedad Latin América Spa a nombre de Ada Michelle Guzmán.

Fiscal de la Unidad Especializada Contra el Lavado de Dinero y Activo explica el contenido del requerimiento presentado esta tarde ante el Juzgado 9° de Paz S.S. pic.twitter.com/526PW9UwKy

— Fiscalía El Salvador (@FGR_SV) 4 de enero de 2019

 

Los acusados en el Juzgado 9° de Paz son Miguel Menendez, Mecafé; Mauricio Funes; Michelle Guzmán, así como el expresidente de CEL, José Leopoldo Samour Gomez y los representantes de ASTALDI, José Enfraín Quinteros, y Mario Pieragostini. 1 pic.twitter.com/HlCYuKSTa5

— Fiscalía El Salvador (@FGR_SV) 4 de enero de 2019