El Juzgado 4° de Instrucción de San Salvador envió este día a juicio al expresidente de El Salvador Elías Antonio Saca, tres exsecretarios de su gestión y tres exempleados de Casa Presidencial. Todos son acusados de formar parte de una red de lavado de dinero que drenaba fondos desde la Presidencia hacia cuentas particulares de Saca.

Esta resolución está fundamentada sobre abundante prueba aportada por la Fiscalía General de la República (FGR).

El juez admitió toda la prueba que presentó el ente fiscal.  Sin embargo, no admitieron las pruebas que presentó la defensa, entre ellas habían propuesto una entrevista con el expresidente de la República, Félix Cristiani, quien a la salida de Saca de la Presidencia era el máximo líder del Consejo Ejecutivo Nacional (Coena).  

Asimismo, el juzgador mantuvo la detención provisional para todos los imputados, quienes continuarán en el Centro Penal "La Esperanza", mejor conocido como Mariona a la espera de que se programe el juicio. 

También se mantendrá el embargo patrimonial a las cuentas y propiedades de los imputados, según informó el fiscal del caso. 

La resolución se dará por escrito a las partes esta misma tarde. Tras conocer el fallo, la defensa anunció que apelará la decisión del juez. 

En este proceso, son acusados el exsecretario privado de la Presidencia, Elmer Roberto Charlaix Urquilla; el exsecretario de la Juventud, César Daniel Funes Durán; el exsecretario de Comunicaciones, Julio Humberto Rank Romero, y los empleados de Casa Presidencial (CAPRES), Jorge Alberto Herrera Castellanos, Pablo Gómez y Francisco Rodríguez Arteaga, a quienes se les procesa por los delitos de peculado, lavado de dinero y  casos especiales de lavado de dinero.

Según las investigaciones, en el periodo presidencial del partido ARENA 2004-2009 los exfuncionarios presuntamente realizaron un manejo irregular de $300 millones,  provenientes de cuentas corrientes institucionales del Tesoro Público de Casa Presidencial. Supuestamente, los fondos del Estado fueron a parar a cuentas personales de los imputados, a agencias  de publicidad, personas naturales y jurídicas.

De acuerdo a la Fiscalía, parte de los $300 millones se sustrajeron en efectivo, alrededor de $191 millones se utilizaron para pagar sobresueldos y otros gastos. Según la Fiscalía, para este procedimiento se trasladó el dinero a cuentas personales, por lo que el retiro fue ilegal.

El Ministerio Público indicó que se hicieron pagos de hasta $370,000 por funcionario en concepto de sobresueldos. Se han entrevistado a alrededor de 52 exfuncionarios, pero solo 25 de estos han aceptado que recibieron sobresueldos.