Se ha conocido este día la resolución pronunciada por el Juzgado 14º de Paz de San Salvador, de fecha 17 de marzo de 2021, en la que se ha decretado el sobreseimiento definitivo a favor de Enrique Rais, quien había sido acusado por los canadienses Matteo Pasquale y Franco Pacetti, de cometer los delitos de Administración Fraudulenta y Estafa; los que al no haber podido ser probados en sede judicial en el tiempo determinado por la ley representa el fin del proceso y la imposibilidad que tales reclamaciones puedan volverse a realizar en contra del empresario suizo salvadoreño.

El caso se remite a los meses de diciembre de 2013 y marzo 2014, en que los canadienses —a través de sus apoderados legales— como medida de presión interpusieron denuncias contra Rais, su sobrino y algunos de sus empleados, acusándolos de utilizar de forma inadecuada los fondos de la empresa.

También, Rais fue denunciado por el supuesto delito de estafa, donde señalaban que había transferido las acciones de la empresa MIDES cuando, según la denuncia, aún tenía pagos pendientes por el contrato de compraventa de esas acciones.

Durante las etapas de investigación y el proceso penal, los denunciantes canadienses no pudieron demostrar tener la calidad de accionistas de MIDES, por tanto no podían hacer reclamaciones de administración fraudulenta al no ser socios de la referida empresa, como tampoco lo pudieron demostrar ante instancia mercantil donde también su solicitud les fue declarada improcedente, según informó una persona cercana al caso.

Respecto al delito de estafa, la fuente agregó que tampoco acreditaron la existencia de obligaciones pendientes de pago por parte de Rais; de hecho —dijo— el argumento sostenido por los denunciantes para intentar demostrar la deuda, era que “Rais había hecho unos pagos de más al crédito.”

Previo a esa denuncia, Enrique Rais había presentado querella contra Matteo Pasquale y Franco Pacetti por los delitos de Extorsión y Apropiación o Retención Indebida, al intentar conminar al empresario que suscribiera un “acuerdo simulado” para cancelarles la suma de US $25 millones de dólares, bajo amenaza que de no hacerlo tenían la forma de perjudicarlo en su persona, familia y bienes. En esta causa penal, los canadienses han sido declarados rebeldes y tienen orden de captura internacional.

De acuerdo al abogado Carlos Miranda Rubio, apoderado del empresario, “esta resolución es un gran paso para la justicia que como defensa hemos batallado judicialmente para alcanzar y que además demuestra que la persecución penal promovida por la Fiscalía durante la administración de Douglas Meléndez fue arbitraria, fabricada sobre prueba falsa, prueba ilícita y testigos sin rostro (testigos protegidos)”

De acuerdo a la resolución en que se dicta Sobreseimiento Definitivo a favor de Enrique Rais, la fiscalía tuvo un año contado desde el 29 de abril de 2016 hasta el 28 de abril de 2017 para presentar prueba y solicitar la reapertura del proceso penal; sin embargo, no lo hizo y posteriormente —a fecha 26 de abril de 2018— es decir casi un año después, lo intentó “de una forma desleal y arbitraria, como se destaca en la decisión del juez que dice: (…) tal y como ha quedado reflejado, para citar ejemplos me permito mencionar, ninguna de las diligencias mencionadas y encomendadas por la Cámara Tercera fue instalada ante este Juzgado(…), a última hora, fiscalía, en una especie de lotería o intento descontrolado bajo una forma de irrespeto a la objetividad, al juez natural, al derecho de audiencia, defensa, principios de inmediación, concentración y contradicción viene y presenta certificaciones de otros juzgados y con base a ello pretendió reabrir el caso(…)”

Con esto, a decir del abogado Miranda Rubio, además “queda demostrada la falacia contenida en el caso corruptela, que fue fabricado en actas de confesiones extrajudiciales (de 4 fiscales auxiliares y 2 empleados de la FGR) que después fueron invalidados ante el reconocimiento de sus propios autores que las habían otorgado sin la voluntad plena por coacciones sufridas de los agentes fiscales e investigadores a cargo del caso, donde se sostiene que el Sr. Enrique Rais, compró voluntades para obtener beneficios y ser sobreseído en perjuicio de los canadienses. Cuando ahora la realidad demuestra que fue la Fiscalía bajo administración de Douglas Meléndez que no realizó diligencias para pedir la reapertura al no poder demostrarse la calidad de accionistas o de acreedores por parte de Matteo Pasquale y Franco Pacetti”.

Con esta resolución el caso se cierra definitivamente, de manera que se extingue la acción penal y la acción civil, por cumplimiento de las condiciones de plazo y ausencia de prueba, lo que constituye el Sobreseimiento Definitivo a favor de Rais y las otras personas que, de acuerdo con su abogado, fueron injustamente acusadas.