Tanto GANA como ARENA critican fuertemente el uso que el Gobierno está haciendo de los fondos que se recogen de la contribución especial de seguridad, y argumentan que estos ha sido destinados a otras tareas que no son exclusivas de la persecución y la represión del delito. Sin embargo, FMLN y PCN sostienen que un enfoque integral debe incluir la prevención y la rehabilitación.

Aunque aún hacen falta tres meses para que venza el decreto de aplicación de las medidas extraordinarias, los diputados de la Asamblea Legislativa han comenzado el estudio para hacer una prórroga. Sin embargo, lo primero que ha salido a discusión es el uso de los fondos que se han destinado a tareas de seguridad. Para GANA y ARENA habrá que hacer una evaluación de los resultados.

Por su parte, el FMLN y el PCN han señalado la importancia de comenzar este estudio ya para no llegar a último momento a buscar una prórroga. Asimismo, consideraron en este tiempo podrán dar a conocer los resultados y cómo se ha invertido el dinero recaudado

El diputado presidente, Guillermo Gallegos, de GANA, aseguró están dispuestos a dar sus votos para aprobar la prórroga de las medidas extraordinarias, pero destacó que hay que revisar los logros obtenidos y el financiamiento de esto.

Agregó que ellos han insistido en que lo que se está recabando para seguridad sea exclusivo para ese rubro, no como se ha venido haciendo. “Eso es lo que hemos lamentado y eso va a ser un punto de honor que debe quedar bien establecido para prorrogar”, dijo el legislador.

A su criterio, para que se concrete la prórroga también deben modificarse los decretos de la contribución especial de seguridad para que estos fondos queden exclusivamente para la persecución y la represión del delito.  

“Yo estoy claro que el objetivo con el que nosotros aprobamos este impuesto fue para que fuera destinado a la policía y al ejército para que pueda ser implementado en materia de persecución y represión, que lo quieran disfrazar desviándolo para otros entidades no nos parece correcto”, sentenció el legislador.

Gallegos manifestó que para financiar los planes de rehabilitación y represión del delito se deben buscar otras fuentes del financiamiento, porque lo recaudado es insuficiente como para también distribuirse en estas tareas.

De la misma opinión fue el diputado de ARENA, Norman Quijano, quien también cuestionó el uso que está haciendo el Ejecutivo de los fondos de la recaudación. “No nos sentimos satisfechos con el informe que han presentado en el seno de la comisión en la forma en que se ha utilizado el dinero”, replicó.

Asimismo, criticó que se haya aprobado un impuesto específico y este no sea utilizado para ese fin. “No se pueden  estar desviando recursos para Megatec y parta otros asuntos que no están en los decretos cuando se dan esos recursos”, dijo.

Pero Quijano fue mucho más allá y reclamó que tampoco las medidas han funcionado, puesto que no puede tildarse de logro haber cerrado el 2016 con más de 5,300 salvadoreños muertos víctimas de la delincuencia.

El diputado tricolor no quiso dar una postura en nombre de su partido de si aprobarían la prórroga, pero aseguró antes de tomar una decisión se debe tener un informe fehaciente de qué es lo que se está haciendo con las medidas.

FMLN y PNC defienden uso de fondos para otras áreas

El presidente de comisión de seguridad, Antonio Almendáriz, explicó que los partidos no pueden estar cuestionando el uso de los fondos de la contribución especial porque el decreto mismo decía que estaba orientado al combate integral del delito y esto incluye no solo la represión, sino también la prevención y la rehabilitación.

Por su parte, el diputado del FMLN y también miembro de la comisión, Misael Mejía, declaró que ninguna política de combate a la delincuencia puede orientarse solo a la represión y control de la criminalidad.

“Una medida integral de seguridad del país implica prevención, represión, reinserción y fortalecer las instituciones que hacen esa batalla y por eso  la contribución especial ha servido para ese manejo integral que el Plan El Salvador Seguro ya establece en el país”, declaró el efemelenista.

Almendáriz, además, recordó que las medidas extraordinarias aprobadas en el año pasado están orientadas al control de los centros penales y los fondos de la contribución no son exclusivamente para financiar este decreto.

Sin embargo, el coronel retirado aseguró que para evitar estas especulaciones y aclarar dudas se acordó dentro de la comisión de seguridad de la Asamblea visitar la próxima semana el municipio de Colón, en el departamento de La Libertad, el cual ha sido beneficiado con los fondos pues está dentro de los municipios priorizados del Plan El Salvador Seguro.

Con esta visita se pretende poder verificar no solo que se hayan recibido los fondos, sino los resultados que se han conseguido con la aplicación de estos programas.

Posteriormente, en quince días, se recibirán en el seno de la comisión al gabinete de Seguridad, al fiscal general y a los miembros de la Cámara de lo Penal para evaluar cómo se han desarrollado los planes de seguridad. Además, sostendrán una reunión con el ministro de Seguridad y el director de Centros Penales en aras de conocer cómo han funcionado las medidas extraordinarias en los penales y decidir si aprobar o no el decreto de las medidas extraordinarias.

Tanto Mejía como Almendáriz aseguraron que estas visitas y reuniones ayudarán a despejar dudas. Sin embargo, el pecenista incluso dejó abierta la posibilidad de reformar los decretos de la contribución especial y dejar establecido que solo se usen para la represión, si los legisladores no quedan satisfechos con la información que se entregue en las reuniones con las autoridades. Sin embargo, aseguró deberá ser una discusión seria que se debe hacer de toda la comisión.

En marzo de 2016, la Asamblea Legislativa aprobó por unanimidad la implementación de un decreto transitorio por un año, que estaba orientado a cerrar las comunicaciones de las cárceles hacia el exterior, puesto que el Ejecutivo había argumentado que de ahí salían las órdenes para cometer delitos.

Sin embargo, a casi un año de haberse aprobado, si bien es cierto los índices de fallecidos han disminuido levemente, la crisis de inseguridad continúa. Y aunque el Gobierno tiene fondos, a través de la contribución especial y los $152 millones en bonos para seguridad, no se ha logrado invertir exclusivamente en las instituciones encargadas de combatir el crimen.