La Asamblea Legislativa ha invertido $130,090 en la instalación de un sistema de circuito cerrado en todo el recinto legislativo para la vigilancia y seguridad de los diputados y los empleados.

La compra fue hecha con fondos de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el marco del Programa de Modernización del Órgano Legislativo. El circuito cerrado está integrado por 43 cámaras dentro de las que se incluyen de 360 grados, cámaras para asesor, para exteriores y con iluminadores.

Asimismo se incluye la instalación de la estación de trabajo, monitores, controles tipo joystick, el software para el funcionamiento de todo el equipo de monitoreo y las licencias de los programas.

Todas las cámaras son de última tecnología, con filtro infrarrojo para poder filmar en la oscuridad. Además, para el caso de las cámaras de exterior, estas están protegidas con una aleación especial para que sea resistente a actos vandálicos.

Las cámaras también cuentan con micrófonos y entradas de audio, lo que podría considerarse una violación a la intimidad, pero debido a que en El Salvador no está regulada la grabación de audios a través de las cámaras de videovigilancia, estas son permitidas.

La licitación pública fue hecha el 24 de junio pasado y finalmente los resultados fueron publicados el 10 de octubre. La empresa acreedora del contrato fue Global Communications El Salvador, S.A. de C.V., una empresa fundada en 1998 especializada en piezas y equipos electrónicos.

Según las bases de licitación, publicadas en el sitio de compras del Estado, Comprasal, la instalación debe ser hecha al menos 45 días después de dar a conocer el resultado, por lo que ya se ha comenzado con el trabajo en el recinto legislativo. Algunos de los equipos ya están en funcionamientos, mientras que otros aún están siendo instalados.

                                                          

Esta nueva compra se hace en medio de fuertes críticas sobre el despilfarro de los funcionarios sobre todo mientras el país a traviesa una crisis fiscal y el Gobierno ha señalado la falta de liquidez para cumplir con sus obligaciones.

No obstante, el pasado viernes la presidenta de la Asamblea Lorena Peña, aseguró estar en contra de la austeridad, ya que arrojaba un mal mensaje hacia el exterior. Además manifestó a veces se confundía la austeridad con el gasto prudencial. "En lo que si estoy de acuerdo es en no realizar fiestas, compras innecesarias y despilfarro", puntualizó la parlamentaria.

Pese a que esta compra ya estaba estipulada para este año y que se haría con los fondos de un préstamo, finalmente todos los salvadoreños terminan pagando esa deuda que se ha usado para modernizar la Asamblea, como lo fue con los rótulos LED y el nuevo sistema de votación.

Para Peña, todos estos gastos son necesarios en el legislativo puesto que facilitan el trabajo y optimizan los tiempos y recursos.

En cuanto a la seguridad, la Asamblea ha venido haciendo inversiones en los últimos días, puesto que han existido algunas amenazas en contra de algunos legisladores, sobre todo los que están vinculados al área de seguridad como el próximo presidente del Órgano Legislativo, Guillermo Gallegos, quien asumirá el próximo 8 de noviembre.

El pasado mes de julio, el fiscal general, Douglas Meléndez, dio a conocer que existían planes de pandilleros para atacar funcionarios, entre los que estaban varios diputados. En este sentido, la Asamblea contrató varios agentes PPI, capacitados por la PCN, para reforzar la seguridad del lugar.