El asilo político que fue concedido por el gobierno nicaragüense de Daniel Ortega al expresidente Mauricio Funes garantiza que, tras una posible orden de captura en su contra por delitos de corrupción, no sea extraditado hacia El Salvador. Solo podría comparecer ante la justicia solo si se entrega de manera voluntaria.

“El asilo es constitucional en Nicaragua y debe respetarse le guste o no a El Salvador”, señaló el abogado constitucionalista Omar Pastor.

Según el tratado internacional de extradición y la Constitución nicaragüense, no se puede hacer efectiva una extradición a personas sentenciadas o acusadas por delitos políticos, incluso si ha cometido algún crimen común que haya derivado la persecución política.

El artículo 4 del Tratado de Extradición entre los países de Centroamérica señala: “No se pedirá ni concederá extradición alguna de personas sentenciadas o acusadas por delitos políticos, aun cuando resulten cometidos en conexión con algún crimen o delito que pudiera motivarla. Al Gobierno de la República del asilo toca calificar la naturaleza de los delitos políticos”.

Es decir, queda en manos del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, la potestad de decir cuándo hay persecución política y cuándo no.

Asimismo, esto está respaldado por el artículo 42 de la Constitución de Nicaragua que reza: “La ley determinará la condición de asilado o refugiado político, de acuerdo con los convenios internacionales ratificados por Nicaragua. En caso se resolviera la expulsión de un asilado, nunca podrá enviársele al país donde fuese perseguido”.

Con estas últimas palabras queda cerrada toda posibilidad de que Funes, incluso con una orden de captura pueda ser extraditado, aunque los delitos que se le imputan sí están amparados dentro del tratado de extradición: peculado, malversación de caudales públicos, según el artículo 1 de dicho tratado.

De igual forma, aunque la Convención de La Habana sobre Derecho de Asilo también sostiene que si una persona asilada es acusada o condenada debe ser entregada al gobierno local. Sin embargo, estipula que se hará tal y como comprenden los tratados y la Constitución del país que ha concedido el asilo.

Pastor, quien fue consultado por El Salvador Times sobre este caso explicó que muy poco hay que hacer ante las leyes nicaragüenses que prácticamente están protegiendo al exmandatario.

“El asilo debe respetarse… Su calidad de político debe respetarse a nivel universal como un refugiado político y su condición de asilado ya fue concedido”, sentenció.

Por su parte, el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Ulises del Dios Guzmán, explicó que si se continúa la investigación en contra de Funes y se le abre etapa de instrucción, en ese momento se solicitaría su presencia, pero como no podría asistir se declararía rebelde. En ese momento, se le giraría orden de captura y se solicitaría la extradición.

“Pueda ser que Nicaragua no autorice la extradición porque lo tiene con asilo y ahí quedaría suspendido el proceso hasta que él se presente o sea capturado o hasta que se acate el término de la prescripción de la acción penal. Eso significaría que el proceso desaparecería y este podría reaparecer en el país”, aseguró el exmagistrado.

Agregó que desentendiendo de los delitos que se le atribuyan podría volver al país en 10 o 15 años a tener una vida “normal”, ya que los delitos ya habrían prescrito, dijo.

Podría presentarse voluntariamente

Aunque el asilo político evitara que Funes sea extraditado ante una difusión roja, él sí puede presentarse al país voluntariamente a enfrentar la justicia, ya que sería el único camino que quedaría.

Para la diputada de ARENA, Margarita Escobar, quien ha sido diplomática de carrera y ha sido vicecanciller, aseguró que así como está el caso, ese es el único camino. “Hay que dejar que la institucionalidad funcione y que si existen indicios la Fiscalía tenga la determinación de proseguir para investigar esos casos de corrupción. Él debe presentarse voluntariamente al país a rendir cuentas, no hay otra.”, sentenció.

De la misma opinión es la diputada efemelenista, Nidia Díaz, quien asegura que Nicaragua tiene la potestad sobre Funes y es amparado por los derechos de ese país. Agregó que por el momento Nicaragua no tiene un pacto de extradición, por lo que podría ser mucho más difícil.

“Se quiere aprobar una ley, un convenio ahí en la comisión de Relaciones, de detención y extradición en la región centroamericana porque hay un vacío”, señaló. De llegar a suceder, tendría que negociar el Estado salvadoreño con el Estado nicaragüense.

Funes en su cuenta de Facebook no descartó la posibilidad de presentarse voluntariamente ante un proceso en su contra por enriquecimiento ilícito. “Con el asilo político solicitado ante las autoridades nicaragüenses no busco evadir la justicia salvadoreña y menos significa que estoy renunciando a mi defensa en las instancias correspondientes”, publicó el martes.

La Fiscalía General de la República (FGR) está realizando una investigación en contra del exmandatario por los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, malversación de fondos, negociaciones ilícitas y tráfico de influencias. Los fiscales han allanado algunas propiedades a nombre de su amigo Miguel Meléndez, en búsqueda de evidencias para robustecer el caso. Sin embargo, hasta ahora no pesa una acción penal en su contra.

La investigación se derivó luego de que la Sección de Probidad de la CSJ ordenara el pasado mes de febrero iniciar el juicio por presunto enriquecimiento ilícito en su contra en una Cámara de lo Civil.